El día 26 de Diciembre se realizó una campaña de puerta a puerta en el Sector Alemania Nº 14 con el fin de repartir calendarios y volantes con algunos consejos para evitar los robos a las viviendas y los 10 derechos de de las víctimas de un delito.
jueves, 27 de diciembre de 2007
sábado, 8 de diciembre de 2007
lunes, 3 de diciembre de 2007
lunes, 5 de noviembre de 2007
miércoles, 24 de octubre de 2007
martes, 23 de octubre de 2007
miércoles, 12 de septiembre de 2007
martes, 4 de septiembre de 2007
Plan Comuna Segura
Bases Fondo Concursable 2006
El Plan Comuna Segura constituye una de las principales estrategias del Gobierno de Chile para fortalecer la seguridad ciudadana en los espacios que son más cercanos a las personas: su barrio, su comuna.
El Fondo Nacional Concursable de Proyectos Comunitarios de Seguridad tiene como propósito promover la participación de la comunidad en el mejoramiento de la seguridad de su territorio, a través del financiamiento de proyectos comunitarios de seguridad ciudadana, los cuáles deberán ser concordantes y coherentes con los respectivos Planes Comunales de Prevención del Delito.
El presente documento contiene los antecedentes que deben considerar las organizaciones que postulen al Fondo.
¿Como se puede participar del Fondo Concursable?
Al Fondo Nacional Concursable podrán postular organizaciones comunitarias territoriales o funcionales, con personalidad jurídica vigente de los territorios establecidos en el diagnóstico comunal de seguridad ciudadana y el Plan Comunal de Prevención del Delito de cada comuna.
En la ejecución de los proyectos podrán participar distintas organizaciones e instituciones en calidad de:
Como Organización Responsable: Corresponde a aquella organización con personalidad jurídica que presenta el proyecto para su postulación al Fondo Nacional Concursable y que asume la responsabilidad técnica, financiera y legal en la ejecución del mismo, debiendo informar el avance de las actividades comprometidas y el uso de los recursos entregados. Sólo habrá una Organización Responsable por proyecto.
Como Organización Participante: Corresponde a todas las organizaciones que participan directamente en las actividades del proyecto, sin ser la Organización Responsable. No requiere tener personalidad jurídica para participar en la iniciativa. Lo ideal es que los proyectos impliquen la asociación entre varias organizaciones.
Como Organización Colaboradora: Corresponde a las organizaciones (públicas o privadas) y/o personas naturales que, sin ser la Organización Responsable, contribuyen con dinero, mano de obra, materiales, asesoría, entre otros, a la implementación del proyecto. Puede haber más de una Organización Colaboradora por iniciativa.
Como Tercero: Se refiere a las instituciones públicas o privadas que aportan de alguna forma al desarrollo del proyecto.
¿Qué requisitos se deben cumplir para participar como Organización Responsable?
- No presentar un proyecto expresamente excluido por las bases.
- No solicitar recursos inferiores de los dispuestos en estas bases.
- Cumplir con la siguiente documentación:
- Formulario de presentación de proyecto en duplicado, con registro de ingreso de la oficina de partes municipal.
- Certificado de personalidad jurídica vigente de la Organización Responsable.
- Certificado de vigencia del Directorio de la Organización Responsable.
- Declaración Jurada ante Notario del Representante Legal de la Organización sobre:
o Existencia de miembros de la Organización Responsable en el Consejo
Comunal de Seguridad Ciudadana o de vínculos de parentesco o interés
de algún (os) miembro (s) de éste con la Organización
Responsable. (Ver anexo 2)
o No existencia de rendiciones de fondos públicos pendientes con plazos
vencidos por parte de la Organización Responsable.
¿Qué proyectos se pueden postular al Fondo Concursable?
El Fondo se orienta a financiar iniciativas de prevención en seguridad, relacionadas con el fenómeno de violencia y delincuencia. Para efectos de estas bases se entiende la Prevención como las acciones que se realizan para evitar que aparezcan los comportamientos violentos o delictivos, influyendo sobre los factores de riesgo que favorecen su desarrollo y/o potenciado los factores protectores.
La iniciativa propuesta debe responder a alguno de los problemas identificados como prioritarios en el Diagnóstico y en el Plan Comunal de Prevención del Delito de su comuna, y tiene que desarrollarse en los territorios que califican como prioritarios dichos instrumentos (Diagnóstico y Plan)
Podrán postular iniciativas que correspondan a la siguiente categoría:
Proyectos de Promoción Comunitaria
El Fondo Nacional Concursable financiará proyectos que promuevan la participación de la comunidad para enfrentar la inseguridad y generen el fortalecimiento de las redes sociales.
Especialmente abarca iniciativas que promuevan el conocimiento entre los vecinos, el desarrollo de sentido de pertenencia con el barrio, la protección y el cuidado del entorno urbano en forma colectiva, la utilización de los espacios públicos comunitarios por parte de sus habitantes, la creación de redes de información y protección entre los vecinos, el acceso de la comunidad a la información, la generación de opinión y liderazgo, y la seguridad ciudadana que se manifiesta en su entorno inmediato.
¿Qué proyectos NO pueden postular al Fondo Concursable?
No serán financiados los siguientes proyectos:
Proyectos que no tengan que ver con seguridad asociada al fenómeno delictual o de violencia, como por ejemplo: de seguridad de tránsito, de seguridad medioambiental, de prevención de accidentes, entre otros.
Proyectos de infraestructura y equipamiento. El financiamiento de los gastos relativos al equipamiento procederá sólo si se justifica en el marco de las actividades de fortalecimiento vecinal.
Proyectos asociados sólo a la recreación, el arte y el deporte, tales como paseos, festivales, eventos recreativos u otros, que no demuestren una capacidad efectiva de fortalecer la organización comunitaria.
¿Cuál es la duración máxima de un proyecto?
Los proyectos presentados al Fondo Nacional Concursable deberán tener una duración máxima de ocho meses, contados desde la fecha de inicio de su ejecución.
¿Cuál es el monto mínimo al que se puede postular?
El apoyo financiero tiene como monto mínimo la suma de un millón de pesos.
El presupuesto de todo proyecto deberá contener una estimación detallada de los gastos proyectados ordenados según el ítem al que corresponda: Gastos Corrientes, Material de Consumo, Equipamiento, Difusión y Recursos Humanos.
¿La Organización debe entregar algún aporte?
La propuesta deberá considerar siempre el aporte de las organizaciones que participan en el proyecto, sea en calidad de Responsable, Participantes y/o Colaborador. Dicho aporte podrá expresarse en recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gastos corrientes, material de consumo o difusión. Todos los aportes deberán ser acreditados mediante cartas de compromiso adjuntas al cuadernillo de postulación y contables en dinero.
¿Qué tipos de gastos financia el Fondo Concursable?
El Fondo financia los siguientes ítems:
RECURSOS HUMANOS: Pago de honorarios por servicios en la ejecución de las actividades mismas del proyecto, se excluyen de este ítem el pago de personal para la administración del proyecto, tales como: contabilidad, administración general, etc.
EQUIPAMIENTO: Compra de bienes necesarios para ejecutar las actividades del proyecto, tales como: equipos de audio, computadores u otros, todos los cuales quedarán al término del proyecto.
MATERIAL DE CONSUMO: Compra de bienes necesarios para realizar las actividades y que se consumirán en el proyecto (por ejemplo: papelería, pinturas,
etc.)
GASTROS CORREINTES: Pagos de servicios básicos durante el proyecto, tales como: locomoción, luz, arriendo, gastos notariales, etc.
DIFUSIÓN: Gastos materiales o servicios para difundir el proyecto a la comunidad (por ejemplo: papel para volantes, vocear a través de megáfono, murga, etc.) Además todos los proyectos deberán destinar un monto de $100.000 para la realización de un letrero que identifique la iniciativa en el caso que sea seleccionada, el que deberá hacerse de acuerdo a las disposiciones técnicas suministradas oportunamente por el Ministerio del Interior.
El presupuesto deberá contener una estimación detallada de los insumos requeridos por cada ítem con sus respectivos valores, lo que deberán tener como referente los precios de mercado. Para dichos efectos, las organizaciones podrán requerir apoyo e información al Secretario Comunal de su respectiva comuna.
¿Quién evalúa y selecciona los proyectos?
Los proyectos serán evaluados y seleccionados por el Consejo de Seguridad Ciudadana de su comuna. Este Consejo confeccionará un listado con todas las propuestas presentadas, ordenadas de mayor a menor puntaje, sobre la base de los criterios de evaluación y sus ponderaciones. Este listado se propondrá al Subsecretario del Interior, quién decidirá al respecto.
¿Cómo se seleccionan los proyectos?
Selección de los Proyectos
Una vez cerrado el período de recepción, el municipio conservará los proyectos recibidos en sus sobre sellados y los remitirá al Secretario Técnico, acompañados de un acta o documento que certifique el número de iniciativas entregadas. La Secretaría informará al Ministerio del Interior del número de proyectos postulados y coordinará la convocatoria y funcionamiento del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, tanto para el estudio de admisibilidad, como para su evaluación técnica.
Estudio de Admisibilidad
Se refiere a la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidas por estas bases y se realizará una vez vencido el plazo para la postulación de proyectos. Sin perjuicio de lo mencionado, el no cumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en las presentes bases será causal de inadmisibilidad de la propuesta, en cualquier etapa del proceso.
El estudio de admisibilidad de los proyectos será de responsabilidad del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, que podrá delegar esta tarea en la Mesa Técnica Municipal convocada para ese efecto o bien, hacerla en forma conjunta con ésta.
Del estudio de admisibilidad se levantará un acta del proceso realizado, dando cuenta de la situación de cada proyecto y especificando claramente las causales por las cuáles se han declarado inadmisibles uno o más proyectos postulados.
Evaluación Técnica
Todos los proyectos que hayan sido declarados admisibles entrarán a la Fase de Evaluación Técnica, que (como su nombre lo dice) se refiere a la evaluación de las cualidades técnicas de las propuestas. Esta evaluación es responsabilidad del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, pudiendo requerir de la Mesa Técnica Municipal el apoyo técnico que se requiera.
Sin perjuicio del derecho de cada miembro del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana de revisar directamente los proyectos, será responsabilidad del Secretario Técnico preparar una presentación sobre cada uno de las iniciativas, que asegure la debida información de los miembros del citado consejo.
La evaluación técnica debe realizarse sobre las bases de los criterios establecidos en estas bases:
Focalización Territorial: Se calificará la concordancia entre el sector donde se propone ejecutar el proyecto y los territorios definidos como prioritarios en el Plan Comunal de Prevención del Delito.
Focalización Temática: Se calificará la congruencia del proyecto con los temas definidos como prioritarios por el Plan Comunal de Prevención del Delito.
Asociatividad: Se evaluará la capacidad del proyecto para asociar a las organizaciones sociales del sector. Del mismo modo, se considerará la capacidad que tenga el proyecto para coordinarse con actores públicos y privados.
¿Dónde y cuándo se deben entregar los proyectos?
Los proyectos se recibirán hasta el día y hora que establezca la convocatoria pertinente, en la respectiva Municipalidad (oficina de partes), en donde existirá un Libro de Registro en que se incluirán todos las iniciativas recibidas, anotándose la fecha, hora y firma del que entrega. Vencido el plazo y horario establecido, no se recibirá ningún proyecto.
¿Cómo se deben presentar los proyectos?
Los proyectos deberán presentarse en duplicado (un original y una copia completa del mismo), en versión escrita, mecanografiada o manuscrita; ambos ejemplares deberán ser entregados en sólo un sobre cerrado, dirigidos al Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana y con atención al Secretario Comunal de Prevención del
Delito.
El sobre deberá contener toda la documentación y formularios que son exigidos en las presentes bases. Se elaborará un comprobante de recepción, el que será entregado a la organización postulante.
__________________________________________________________________
Señor (a)
Secretario (a) Comunal
Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana
Comuna de........
PRESENTE
__________________________________________________________________
Remitente:
Nombre de la Organización Responsable
Nombre del Representante Legal
Domicilio de la Organización
Fono
_________________________________________________________________________
Bases Fondo Concursable 2006
El Plan Comuna Segura constituye una de las principales estrategias del Gobierno de Chile para fortalecer la seguridad ciudadana en los espacios que son más cercanos a las personas: su barrio, su comuna.
El Fondo Nacional Concursable de Proyectos Comunitarios de Seguridad tiene como propósito promover la participación de la comunidad en el mejoramiento de la seguridad de su territorio, a través del financiamiento de proyectos comunitarios de seguridad ciudadana, los cuáles deberán ser concordantes y coherentes con los respectivos Planes Comunales de Prevención del Delito.
El presente documento contiene los antecedentes que deben considerar las organizaciones que postulen al Fondo.
¿Como se puede participar del Fondo Concursable?
Al Fondo Nacional Concursable podrán postular organizaciones comunitarias territoriales o funcionales, con personalidad jurídica vigente de los territorios establecidos en el diagnóstico comunal de seguridad ciudadana y el Plan Comunal de Prevención del Delito de cada comuna.
En la ejecución de los proyectos podrán participar distintas organizaciones e instituciones en calidad de:
Como Organización Responsable: Corresponde a aquella organización con personalidad jurídica que presenta el proyecto para su postulación al Fondo Nacional Concursable y que asume la responsabilidad técnica, financiera y legal en la ejecución del mismo, debiendo informar el avance de las actividades comprometidas y el uso de los recursos entregados. Sólo habrá una Organización Responsable por proyecto.
Como Organización Participante: Corresponde a todas las organizaciones que participan directamente en las actividades del proyecto, sin ser la Organización Responsable. No requiere tener personalidad jurídica para participar en la iniciativa. Lo ideal es que los proyectos impliquen la asociación entre varias organizaciones.
Como Organización Colaboradora: Corresponde a las organizaciones (públicas o privadas) y/o personas naturales que, sin ser la Organización Responsable, contribuyen con dinero, mano de obra, materiales, asesoría, entre otros, a la implementación del proyecto. Puede haber más de una Organización Colaboradora por iniciativa.
Como Tercero: Se refiere a las instituciones públicas o privadas que aportan de alguna forma al desarrollo del proyecto.
¿Qué requisitos se deben cumplir para participar como Organización Responsable?
- No presentar un proyecto expresamente excluido por las bases.
- No solicitar recursos inferiores de los dispuestos en estas bases.
- Cumplir con la siguiente documentación:
- Formulario de presentación de proyecto en duplicado, con registro de ingreso de la oficina de partes municipal.
- Certificado de personalidad jurídica vigente de la Organización Responsable.
- Certificado de vigencia del Directorio de la Organización Responsable.
- Declaración Jurada ante Notario del Representante Legal de la Organización sobre:
o Existencia de miembros de la Organización Responsable en el Consejo
Comunal de Seguridad Ciudadana o de vínculos de parentesco o interés
de algún (os) miembro (s) de éste con la Organización
Responsable. (Ver anexo 2)
o No existencia de rendiciones de fondos públicos pendientes con plazos
vencidos por parte de la Organización Responsable.
¿Qué proyectos se pueden postular al Fondo Concursable?
El Fondo se orienta a financiar iniciativas de prevención en seguridad, relacionadas con el fenómeno de violencia y delincuencia. Para efectos de estas bases se entiende la Prevención como las acciones que se realizan para evitar que aparezcan los comportamientos violentos o delictivos, influyendo sobre los factores de riesgo que favorecen su desarrollo y/o potenciado los factores protectores.
La iniciativa propuesta debe responder a alguno de los problemas identificados como prioritarios en el Diagnóstico y en el Plan Comunal de Prevención del Delito de su comuna, y tiene que desarrollarse en los territorios que califican como prioritarios dichos instrumentos (Diagnóstico y Plan)
Podrán postular iniciativas que correspondan a la siguiente categoría:
Proyectos de Promoción Comunitaria
El Fondo Nacional Concursable financiará proyectos que promuevan la participación de la comunidad para enfrentar la inseguridad y generen el fortalecimiento de las redes sociales.
Especialmente abarca iniciativas que promuevan el conocimiento entre los vecinos, el desarrollo de sentido de pertenencia con el barrio, la protección y el cuidado del entorno urbano en forma colectiva, la utilización de los espacios públicos comunitarios por parte de sus habitantes, la creación de redes de información y protección entre los vecinos, el acceso de la comunidad a la información, la generación de opinión y liderazgo, y la seguridad ciudadana que se manifiesta en su entorno inmediato.
¿Qué proyectos NO pueden postular al Fondo Concursable?
No serán financiados los siguientes proyectos:
Proyectos que no tengan que ver con seguridad asociada al fenómeno delictual o de violencia, como por ejemplo: de seguridad de tránsito, de seguridad medioambiental, de prevención de accidentes, entre otros.
Proyectos de infraestructura y equipamiento. El financiamiento de los gastos relativos al equipamiento procederá sólo si se justifica en el marco de las actividades de fortalecimiento vecinal.
Proyectos asociados sólo a la recreación, el arte y el deporte, tales como paseos, festivales, eventos recreativos u otros, que no demuestren una capacidad efectiva de fortalecer la organización comunitaria.
¿Cuál es la duración máxima de un proyecto?
Los proyectos presentados al Fondo Nacional Concursable deberán tener una duración máxima de ocho meses, contados desde la fecha de inicio de su ejecución.
¿Cuál es el monto mínimo al que se puede postular?
El apoyo financiero tiene como monto mínimo la suma de un millón de pesos.
El presupuesto de todo proyecto deberá contener una estimación detallada de los gastos proyectados ordenados según el ítem al que corresponda: Gastos Corrientes, Material de Consumo, Equipamiento, Difusión y Recursos Humanos.
¿La Organización debe entregar algún aporte?
La propuesta deberá considerar siempre el aporte de las organizaciones que participan en el proyecto, sea en calidad de Responsable, Participantes y/o Colaborador. Dicho aporte podrá expresarse en recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gastos corrientes, material de consumo o difusión. Todos los aportes deberán ser acreditados mediante cartas de compromiso adjuntas al cuadernillo de postulación y contables en dinero.
¿Qué tipos de gastos financia el Fondo Concursable?
El Fondo financia los siguientes ítems:
RECURSOS HUMANOS: Pago de honorarios por servicios en la ejecución de las actividades mismas del proyecto, se excluyen de este ítem el pago de personal para la administración del proyecto, tales como: contabilidad, administración general, etc.
EQUIPAMIENTO: Compra de bienes necesarios para ejecutar las actividades del proyecto, tales como: equipos de audio, computadores u otros, todos los cuales quedarán al término del proyecto.
MATERIAL DE CONSUMO: Compra de bienes necesarios para realizar las actividades y que se consumirán en el proyecto (por ejemplo: papelería, pinturas,
etc.)
GASTROS CORREINTES: Pagos de servicios básicos durante el proyecto, tales como: locomoción, luz, arriendo, gastos notariales, etc.
DIFUSIÓN: Gastos materiales o servicios para difundir el proyecto a la comunidad (por ejemplo: papel para volantes, vocear a través de megáfono, murga, etc.) Además todos los proyectos deberán destinar un monto de $100.000 para la realización de un letrero que identifique la iniciativa en el caso que sea seleccionada, el que deberá hacerse de acuerdo a las disposiciones técnicas suministradas oportunamente por el Ministerio del Interior.
El presupuesto deberá contener una estimación detallada de los insumos requeridos por cada ítem con sus respectivos valores, lo que deberán tener como referente los precios de mercado. Para dichos efectos, las organizaciones podrán requerir apoyo e información al Secretario Comunal de su respectiva comuna.
¿Quién evalúa y selecciona los proyectos?
Los proyectos serán evaluados y seleccionados por el Consejo de Seguridad Ciudadana de su comuna. Este Consejo confeccionará un listado con todas las propuestas presentadas, ordenadas de mayor a menor puntaje, sobre la base de los criterios de evaluación y sus ponderaciones. Este listado se propondrá al Subsecretario del Interior, quién decidirá al respecto.
¿Cómo se seleccionan los proyectos?
Selección de los Proyectos
Una vez cerrado el período de recepción, el municipio conservará los proyectos recibidos en sus sobre sellados y los remitirá al Secretario Técnico, acompañados de un acta o documento que certifique el número de iniciativas entregadas. La Secretaría informará al Ministerio del Interior del número de proyectos postulados y coordinará la convocatoria y funcionamiento del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, tanto para el estudio de admisibilidad, como para su evaluación técnica.
Estudio de Admisibilidad
Se refiere a la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidas por estas bases y se realizará una vez vencido el plazo para la postulación de proyectos. Sin perjuicio de lo mencionado, el no cumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en las presentes bases será causal de inadmisibilidad de la propuesta, en cualquier etapa del proceso.
El estudio de admisibilidad de los proyectos será de responsabilidad del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, que podrá delegar esta tarea en la Mesa Técnica Municipal convocada para ese efecto o bien, hacerla en forma conjunta con ésta.
Del estudio de admisibilidad se levantará un acta del proceso realizado, dando cuenta de la situación de cada proyecto y especificando claramente las causales por las cuáles se han declarado inadmisibles uno o más proyectos postulados.
Evaluación Técnica
Todos los proyectos que hayan sido declarados admisibles entrarán a la Fase de Evaluación Técnica, que (como su nombre lo dice) se refiere a la evaluación de las cualidades técnicas de las propuestas. Esta evaluación es responsabilidad del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, pudiendo requerir de la Mesa Técnica Municipal el apoyo técnico que se requiera.
Sin perjuicio del derecho de cada miembro del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana de revisar directamente los proyectos, será responsabilidad del Secretario Técnico preparar una presentación sobre cada uno de las iniciativas, que asegure la debida información de los miembros del citado consejo.
La evaluación técnica debe realizarse sobre las bases de los criterios establecidos en estas bases:
Focalización Territorial: Se calificará la concordancia entre el sector donde se propone ejecutar el proyecto y los territorios definidos como prioritarios en el Plan Comunal de Prevención del Delito.
Focalización Temática: Se calificará la congruencia del proyecto con los temas definidos como prioritarios por el Plan Comunal de Prevención del Delito.
Asociatividad: Se evaluará la capacidad del proyecto para asociar a las organizaciones sociales del sector. Del mismo modo, se considerará la capacidad que tenga el proyecto para coordinarse con actores públicos y privados.
¿Dónde y cuándo se deben entregar los proyectos?
Los proyectos se recibirán hasta el día y hora que establezca la convocatoria pertinente, en la respectiva Municipalidad (oficina de partes), en donde existirá un Libro de Registro en que se incluirán todos las iniciativas recibidas, anotándose la fecha, hora y firma del que entrega. Vencido el plazo y horario establecido, no se recibirá ningún proyecto.
¿Cómo se deben presentar los proyectos?
Los proyectos deberán presentarse en duplicado (un original y una copia completa del mismo), en versión escrita, mecanografiada o manuscrita; ambos ejemplares deberán ser entregados en sólo un sobre cerrado, dirigidos al Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana y con atención al Secretario Comunal de Prevención del
Delito.
El sobre deberá contener toda la documentación y formularios que son exigidos en las presentes bases. Se elaborará un comprobante de recepción, el que será entregado a la organización postulante.
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Señor (a)
Secretario (a) Comunal
Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana
Comuna de........
PRESENTE
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Remitente:
Nombre de la Organización Responsable
Nombre del Representante Legal
Domicilio de la Organización
Fono
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lunes, 13 de agosto de 2007
APORTES SOCIOLÓGICOS Y CRIMINOLÓGICOS ACERCA DE LA DELINCUENCIA
Existe evidencia y consenso de que la delincuencia es un fenómeno complejo y multicausal que nos obliga a estudiar el tema con detenimiento y de manera integral. Al respecto, existen teorías que suponen la presencia de ciertos factores que aumentan la probabilidad de iniciar o permanecer de las personas en la comisión del delito. La opción por la prevención se impone[1] cada día más por razones de eficiencia y eficacia. La idea es que las estrategias de prevención estén correctamente focalizadas en la población mas vulnerable y/o en riesgo de cometer delito o permanecer en el. Atendiendo a las causas que rodean a las personas como posibles victimas y a la sociedad podemos clasificarlas en Causas sociales, Causas institucionales y causas del entorno urbano y físico[2] estas instancias pueden aumentar la probabilidad de exista la comisión de un delito.
Existe evidencia y consenso de que la delincuencia es un fenómeno complejo y multicausal que nos obliga a estudiar el tema con detenimiento y de manera integral. Al respecto, existen teorías que suponen la presencia de ciertos factores que aumentan la probabilidad de iniciar o permanecer de las personas en la comisión del delito. La opción por la prevención se impone[1] cada día más por razones de eficiencia y eficacia. La idea es que las estrategias de prevención estén correctamente focalizadas en la población mas vulnerable y/o en riesgo de cometer delito o permanecer en el. Atendiendo a las causas que rodean a las personas como posibles victimas y a la sociedad podemos clasificarlas en Causas sociales, Causas institucionales y causas del entorno urbano y físico[2] estas instancias pueden aumentar la probabilidad de exista la comisión de un delito.
Un modelo explicativo conocido internacionalmente indica que la conducta delictual estaría directamente relacionada con los incentivos o disuasivos que los sujetos adviertan[3]. Es decir, el sujeto evalúa si los beneficios de la actividad delictual son mas altos que las ganancias de realizar actividades licitas asumiendo los costos y riesgos de las primeras. Asimismo, existen otros autores como Fajnzylver, Lederman, Loayza del Banco Mundial que apoyan esta idea de motivación del delincuente, la atención se ubica en las causas institucionales , es decir, se preocupa de convencer a los Gobiernos de la necesidad de un buen funcionamiento de las instituciones como medio efectivo de evitar los hechos ilícitos o sea fortalecer el control.
Por otro lado, Merton[4] explica la conducta delictual a partir de la necesidad de ciertos sujetos por cumplir determinadas metas de éxito económico que impone una sociedad. La condición social precaria de ellos, sin acceso a un trabajo que les reporte ingresos suficientes y sin oportunidades para alcanzar mejores niveles de vida, los impulsa a buscar una salida que es vista como la obtención de una gran cantidad de dinero que los situé en el estatus que les impone el medio. Este modelo pone la atención a la desigualdad. Lo que señala Sutherland[5] es más complejo y profundo, su tesis “asociación diferencial” asume un análisis sociológico-cultural, sosteniendo que la conducta delictual es aprendida en los grupos primarios de socialización (familia, vecinos, amigos), personas del entorno inmediato, que ya tienen inicio o especialización en esta conducta. Las condiciones de pobreza y marginalidad parecen especialmente adecuadas para el desarrollo de “subculturas” alternativas al sistema dominante, donde las condiciones de vida, la no incorporación a trabajos estables y bien remunerados, la escasa escolaridad y la segregación territorial, entre otros factores, se constituyen en elementos enajenantes del sistema y por tanto, validadores de microclimas sociales ajenos a lo aceptado socialmente.
Doris Cooper, investigadora Chilena, en su teoría del “Continuo Subcultural de la delincuencia” (1994) o “Nichos Etiológicos de la Delincuencia” (2000)[6] distingue el ámbito rural y el ámbito urbano donde en cada uno predominan algunos delitos típicos. Las categorías causales de la delincuencia son las siguientes:
a) Pobreza y extrema pobreza urbana: la delincuencia explicada a través de motivaciones económicas generalmente contra la propiedad y tráfico de drogas. Al interior es posible distinguir tres subtipos:
a.1 Ladrón Profesional (alta reincidencia)
a.2 Pandillas poblacionales (motivaciones de consumo de droga y alcohol o necesidades específicas)
a.3 Ladrones ocasionales (actúan según la oportunidad)
b) Delincuencia masculina Rural No Mapuche: delitos contra las personas, la familia y moral. Predomina el homicidio, violación, VIF y lesiones. La motivación no es económica.
c) Delincuencia masculina Rural Mapuche: motivaciones ancestrales, predominan delitos contra la propiedad y las personas. Con fuerte presencia del alcohol, violencia y usurpación de tierras.
d) Delincuencia femenina rural: delitos contra las personas, la familia y la moral. Predominan homicidios de familiares o parejas, en el marco del abuso y VIF.
Sin duda, en la delincuencia actúan e interactúan una serie de factores psicológicos, sociales, culturales y económicos cuya combinación es difícil de calcular. Sin embargo, la ONU[7] señala que existen niveles más altos de delincuencia y de violencia cuando se dan las siguientes condiciones relacionadas entre si:
a) Pobreza y desempleo especialmente en jóvenes
b) Familias disfuncionales (abandono, maltrato, indiferencia)
c) Sociedad tolerante a practicas delictuales
d) Discriminación y exclusión genérica y étnica
e) Degradación del entorno urbano y de vínculos sociales
f) Vigilancia inadecuada
g) Elementos de intimidación
De la Puente y Torres (2000)[8] aportan con otros factores de personalidad y sociales que son influyentes en la predisposición a la delincuencia como son:
a) problemas familiares
b) Ausentismo y deserción escolar
c) Pertenencia a pandillas
d) Problemas de personalidad (autoestima, autocontrol, egocentismo, poca resistencia a la frustración, deseo de obtener gratificaciones materiales de manera rápida, entre otras)
e) Necesidades urgentes que pueden ser satisfechas de manera rápida.
Muchas de estas características son comunas en los delincuentes en Angol. Además que una buena proporción cercana al 50% no superan los 22 años.
Los anteriores factores se pueden clasificar al interior de tres grandes conjuntos según Arriagada (1999)[9]:
a) Factores relacionados con la posición, situación familiar y social de las personas
b) Factores sociales, económicos y culturales
c) Factores contextuales e institucionales
Las conclusiones a que se ha llegado tienen sustento en investigaciones que ilustran con mayores antecedentes las condiciones asociadas a la tema de la delincuencia. La caracterización de ello demuestra que provienen mayoritariamente de familias que han experimentado dificultades socioeconómicas, habitan en viviendas pobres de sectores urbanos, fueron niños que vivieron una crianza inconsciente y descuidada con conflictos parentales[10]. Dentro de este ámbito, los comprometidos en conductas ilícitas suelen ser altamente impulsivos, con baja inteligencia, pobre rendimiento escolar y deserción del colegio[11].
Otro tipo de delito que varia de acuerdo a la sociedad que observemos es la Violencia Intrafamiliar existiendo muy diversas y variadas explicaciones pero con la desventaja de que los factores de riesgo identificados se contextualizan de manera aislada y sin relación aparente. Sin embargo, hoy existe gran consenso de que la VIF responde en especial a patrones más complejos, encadenados y reactivos entre si. Como a continuación se detalla:
Modelo Ecológico para comprender la VIF:
Existen diversos modelos explicativos de la violencia, modelos que han centrado su explicación, algunos en variables individuales y psiquiátricas, pasando por modelos puramente interaccionales hasta modelos centrados en variables socioculturales. Hoy existe consenso en señalar que no hay un factor que por si solo explique las conductas violentas. La violencia es un fenómeno complejo, en el que están presentes como detonante factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos.
El modelo ecológico[12] aglutina de alguna manera diversas explicaciones de la violencia, constituyéndose en un modelo que incorpora distintos factores presentes en la situación de violencia y permite analizar la interacción sistémica de estos factores. El modelo define cuatro niveles de factores en relación con la violencia:
Individuo - Relaciones - Comunidad - Sociedad
El primer nivel se identifica con los factores biológicos y la historia personal que influyen en los comportamientos de los individuos y aumentan las probabilidades de convertirse en víctimas o perpretadores de actos violentos. En este nivel están el consumo de alcohol y drogas, los trastornos psíquicos y las experiencias de violencia anteriores en el espacio familia.
En el segundo nivel se considera las relaciones más cercanas como la familia, los amigos, las parejas y compañeros, es decir el entorno inmediato. En estudios sobre violencia intrafamiliar el tener amigos que cometan o “valoren” los actos de violencia es un factor de riesgo para conductas violentas.
En el tercer nivel se explora los contextos comunitarios en que se desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario y se ven como estos contextos pueden favorecer los comportamientos violentos.
El cuarto nivel se refiere a las normas sociales y culturales que avalan o invisiblizan las conductas de violencia a través de su naturalización, cobrando especial mención en este nivel todas aquellas prescripciones que construye –y ha construido- la sociedad para el ser de mujeres y hombres, condicionamientos que se transforman en el sustrato ideológico de las conductas violentas. . Acá se profundiza la importancia del género como un factor relevante para comprender los comportamientos violentos en sus diversas manifestaciones. Desde esa perspectiva se analiza la representación sobre los estereotipos y roles sexuales, con el objetivo de ver la relación que pueden tener estas representaciones con conductas de violencia actuales o futuras.
Consideremos Género como el conjunto de características psicológicas o de personalidad que diferencian lo masculino de lo femenino, entendiendo que estas características son una construcción cultural. Cada sociedad tiene un ideal de hombre y de mujer y establece mecanismos para asegurar que sus miembros adquieran, desarrollen las características específicas según su género[13]. De aquí se deriva la existencia de los “estereotipos sexuales” que serían el conjunto de creencias que asignan a cada sexo ciertos rasgos y aptitudes psicológicas, intelectuales y manuales, en función de sus características biológicas. Los estereotipos han llevado a la existencia de sexismo, acto de subestimar a cualquier persona en función del sexo al cual pertenece. Los estereotipos sexuales se traducen en roles sexuales: un estándar reconocido y aceptado del ser hombre y mujer. Desde la perspectiva del género, los roles son impuestos, en formas diversas, sobre los individuos y las colectividades por el sistema social. A la mujer se le han atribuido los roles expresivos y al hombre los instrumentales. Se han estudiado los distintos mecanismos por los cuales se originan los roles, entre estos las dimensiones económicas, culturales, ideológicas, sociales y políticas. Un factor clave es el proceso de socialización en el espacio familiar[14]. Por otro lado, se ha trabajado el concepto de identidad ligado a esta realidad para dar cuenta del profundo anclaje de esta realidad y la dificultad para enfrentar el cambio.
Existen numerosos estudios que describen que en aquellas relaciones donde hay violencia en la pareja, sus miembros se han criado por lo general en familias donde los roles sexuales estaban rígidamente pautados. Estas formas de relación profundamente enquistadas en la subjetividad- son las que enfrentadas a cualquier cambio y dificultad, pueden desembocar en violencia.
En estudios realizados en el tema de la violencia hacia la mujer por su pareja, se comprueba que aquellas mujeres que tienen opiniones que tienden a favorecer una relación jerárquica hombre-mujer son las que reciben más violencia por parte de su pareja. Hay una relación entre las actitudes favorables a la autoridad masculina con las experiencias de violencia y especialmente con permanecer en una relación de violencia conyugal.
Es importante poder conocer la percepción de los jóvenes sobre los estereotipos y roles sexuales, considerando que en la actualidad se han dado cambios significativos en el rol de las mujeres en la sociedad, que tendrían que tener un impacto en términos de representaciones en los estereotipos y roles sexuales que se atribuyen según género.
En la actualidad co-existen diferentes definiciones de roles, que responden de alguna manera a los cambios que se están dando en la percepción y ejercicio de los roles de género, generada por la incorporación cada vez más masiva de la mujer al trabajo remunerado lo que ha modificado las bases de la diferenciación de los roles de género: la división sexual del trabajo[15].
a) Roles tradicionales segregados. Estos tienden a darse en los extremos sociales, en los sectores populares y en los sectores de más altos ingresos, la mujer desempeña el rol de madre, esposa y dueña de casa y el hombre es el proveedor único.
b) Roles compartidos: Hombre y mujer son iguales y comparten las tareas del hogar, la educación de los hijos y el trabajo remunerado.
c) Definición intermedia: Mujer se define principalmente como madre- esposa y dueña de casa, pero puede tener una actividad remunerada. El hombre es el proveedor principal, pero participa en la crianza de los hijos y en las tareas del hogar.
Los estereotipos sexuales rígidos, unido a concepciones “idealistas” sobre el amor y la relación, hacen que esas relaciones sean más vulnerables para que las conductas de violencia orientadas a mantener los estereotipos se den. Considerando el marco teórico descrito, el presente estudio profundiza fundamentalmente en los factores culturales que se relacionan con las conductas de violencia. Partiendo por analizar los estereotipos y roles sexuales que tienen los jóvenes en relación a ambos sexos, para luego ver las concepciones de amor y de pareja y comportamiento sexual, finalmente conocer las percepciones sobre la violencia en la pareja, los factores que la explican y las medidas para poder modificar esas situaciones.
[1] Ministerio del Interior (2002). Influencia de factores en riesgo social en el origen de las conductas delincuenciales. División de Seguridad Publica.
[2] Vanderschueren F, (2000). Prevención de la criminalidad. Boletín SUR Corporación de estudios sociales y educación.
[3] En Olavaria M. (2000). Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana. Conferencia de Chile. DOS.
[4] Merton R (1975). Teoría Social y Estructura Social. Paidós.
[5] Sutherland E (1940). Asociación Diferencial. American Sociological Society.
[6] Cooper, D (2000). Anomia y Delincuencia. CISOC.
[7] ONU (1995). Informe del Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento del delincuente. El Cairo.
[8]
[9] Arriagada, I y Godoy, L (1999). Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa. CEPAL.
[10] Ibid,.
[11] Farrington (1996). Revista de Criminología, Policía de Investigaciones de Chile, N°8.
[12] Basado en el modelo desarrollado por Urie Bronfenbrenner La Ecología del desarrollo humano. Paidos 1987
[13] Binimelis,A. Análisis de roles y estereotipos sexuales en lo textos escolares Chilenos. En Educación y género. Una propuesta pedagógica. Ed. La Morada/ Ministerio de Educación.1993
[14] Diversos autores han descrito los roles de género, entre éstos Burin,M. Meler,I. Género y Familia. Paidós1998; Moser,C. y col. En Planificación de género y desarrollo. Lima. Red Entre mujeres/ Flora Tristán, 1995
[15] Estos roles están descritos en el Documento N° 58 Familia y Reparto de Responsabilidades. De las autoras Sharim, D y Silva, U. SERNAM, Mayo 1998
miércoles, 8 de agosto de 2007
Artículos Seguridad Ciudadana
Gobierno de Chile Plan Comuna Segura, Angol
Ilustre Municipalidad de Angol
LA REFORMA PROCESAL PENAL Y SEGURIDAD CIUDADANA. ¿Cuál es su relación?
Alejandra Mohor Bellalta
Victor Covarrubias Suárez
Centro de estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, 2006.
La reforma al proceso penal se encuentra en vigor en todo Chile desde Junio de 2005, comenzando su aplicación en cinco etapas desde el año 2000. El diseño de este cambio se gestó en el Ministerio de Justicia hace más de 10 años, incorporando en su elaboración a sectores académicos y de la sociedad civil, lo que facilitó su discusión parlamentaria y el soporte político durante su diseño e implementación.
El nuevo sistema procesal penal chileno ha sido catalogado como una de las reformas en la materia más importantes del último siglo en el país. Sus objetivos generales apuntan a hacer más eficiente el poder punitivo del estado, a la vez que, en su ejercicio, se garantiza el respeto por los derechos fundamentales de víctimas e imputados. Para dar cumplimiento a ellos, se realizaron complejos cambios en los cuerpos normativos que regulan el sistema de enjuiciamiento criminal y se introdujeron nuevos actores al sistema: Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Jueces de Garantía. Esto ha implicado un cambio de paradigma que obliga a la transformación de la cultura procesal e investigativa que atraviesa a todas las instituciones y actores involucrados en la persecución y enjuiciamiento criminal.
El nuevo procedimiento penal es de carácter acusatorio y oral, y se basa en los principios de imparcialidad, transparencia, inmediación, protección, eficacia y concentración. En él se separan las funciones de investigar y sentenciar, la primera facultad de los fiscales, y la segunda de los jueces, cuya presencia es requisito de validez de cualquier actuación; las víctimas y testigos son objeto de atención y protección especial; el sistema incorpora diversos mecanismos para poner término al proceso y se cambia la forma de gestionar los recursos con flexibilidad y especialización; las pruebas y alegatos se presentan en un solo acto en forma oral y pública, fallando los jueces de inmediato, al finalizar éstos.
Una de las características que destaca la implementación de esta reforma fue su gradualidad. Es así como ella comenzó en su etapa I a operar el año 2000 en las Regiones de Coquimbo y de la Araucanía; la II Etapa
Regiones de Antofagasta, Atacama y del Maule; la etapa III lo hizo el año 2002 en las regiones de Tarapacá, Aysén y Magallanes; el año 2003 fue el turno de la IV etapa que incluyó las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Bío Bío y Los Lagos; para finalizar el 16 de junio de 2005 en la Región Metropolitana, que constituyó la V etapa.
La infraestructura y dotación de funcionarios encargados de la persecución penal y de la decisión judicial sobre ésta aumentó de forma tal que la ciudadanía debería percibir un considerable aumento en la oferta de servicios judiciales del sector. En términos de recursos humanos el cambio del sistema procesal penal significa aumentar en un 700% la oferta de justicia en todo el país. Si antes existían 79 jueces de letras especializados en lo criminal, con el sistema plenamente vigente se cuentan 809 nuevos jueces de Garantía y de Tribunal Oral, además de los 640 fiscales del Ministerio Público y más de 430 defensores de la Defensoría Penal Pública y licitados. Presupuestariamente, el cambio significó duplicar la participación del sistema de justicia en el presupuesto del sector público.
La RPP inicialmente no se plantea como un objetivo, ni para si misma ni para las instituciones que crea, abordar la seguridad ciudadana como tema sobre el que tenga competencia directa. Esto debido fundamentalmente a que cumple una función punitiva y no preventiva. Pese a ello, y producto del creciente clima de demanda por seguridad y de la variación observada en algunos indicadores específicos (denuncias y detenciones en particular), el sistema penal renovado en su conjunto debió asumir el discurso de la seguridad como propio.
Si bien se espera que el funcionamiento eficiente del sistema punitivo reformado opere como un importante disuasivo de las conductas criminales, no es en este sentido que se le exige a la reforma dar respuesta a la demanda por seguridad. La discusión académica, política y mediática ha tenido como eje los efectos posibles que, tanto el ‘excesivo’ garantismo como la ‘falta de dureza’ de este sistema, pueden tener sobre el aumento de la criminalidad, particularmente en los delitos de menor cuantía, y sobre la percepción de (in)seguridad de los ciudadanos.
Principales hallazgos
Percepción del riesgo
La percepción de inseguridad que manifiestan los ciudadanos es recogida a través de encuestas de victimización.
No se detectó ninguna variación entre grupos de comunas con y sin reforma, respecto de variables como ‘el aumento de la delincuencia en el barrio’; ni sobre la nota a la seguridad en la casa, la calle o el barrio.
Tal como fue precisado en el taller de expertos, existe una tendencia generalizada a situar la inseguridad producida por el delito en entornos distantes (‘el país’ en este caso), construido sobre la base de un conocimiento indirecto, los ciudadanos perciben mayor inseguridad en espacios lejanos que en aquellos en los que se desenvuelven cotidianamente.
En un sentido similar, respecto de la percepción de vulnerabilidad frente al delito, los diversos análisis realizados muestran que la implementación de la reforma aumenta la ‘adopción de medidas de prevención por parte de la ciudadanía. Los análisis realizados descartarían que esta necesidad de autoprotección esté asociada a la percepción de ausencia de Carabineros.
Ambos hallazgos parecen ser consistentes: la implementación de la reforma produciría un aumento en la percepción de que la delincuencia ha aumentado en el último año en el país, más no en el barrio; a la vez que se incrementan las medidas que toma la población para prevenir ser víctima de la delincuencia, esto último sin relación aparente con que se perciba ausencia de carabineros.
La percepción de inseguridad se encuentra influida por diversas variables, siendo una de las más importantes la victimización. Diversas investigaciones, tanto nacionales como internacionales, han develado que quienes han sido víctimas de algún delito, tienden a manifestar mayores niveles de temor que quienes no lo han sido. Esto, sin embargo, no contribuye a explicar la construcción de la percepción de inseguridad de entornos lejanos vinculada a la puesta en marcha de la reforma al proceso penal.
A modo de discusión, parece interesante señalar que diversos estudios se han referido a la influencia que tendrían los medios de comunicación de masas en la configuración del temor. Y no se trataría, según plantean algunos autores, sólo del volumen, sino también del cómo se abordan los contenidos.
Denuncias
Dos son las fuentes más relevantes para informar del volumen de delitos cometidos en territorios y tiempos delimitados: encuestas de victimización y denuncias registradas por las policías. Dado que cada una aporta información relevante pero parcial, deben ser complementarias a la hora de analizarlas.
Dado que se observa que, tras la entrada en vigencia de la reforma, aumentaban las tasas de denuncias para las regiones donde se implementaba, se levantaron una serie de discursos que intentaron explicar esta variación. Uno de ellos atribuía a la reforma generar un aumento en la comisión de delitos, particularmente en delitos menores; otros, asumían que dicha variación respondía al aumento de la confianza ciudadana en las instituciones vinculadas a la persecución criminal; y, por otro lado, a las transformaciones en las dinámicas internas de las instituciones, tales como organización de la investigación policial, sistemas de registro, entre otras.
A este respecto, se descarta que la variación de las denuncias esté asociada a un aumento del delito producto de la RPP, tampoco parece vincularse con mayor confianza en las instituciones. Se trataría, de variaciones que ‘se asocian a las transformaciones y ajustes de las dinámicas institucionales’.
Es necesario consignar que efectivamente las tasas de denuncias registradas por las policías para los DMCS, experimentan variaciones significativas en el período inmediatamente siguiente a la entrada en vigencia de la reforma, y que esta variación positiva está relacionada con la RPP. Esta asociación es particularmente significativa para dos de los delitos comprendidos entre los de mayor connotación social: hurto y lesiones.
Si se tratara del aumento en la comisión de delitos, sería esperable que este se reflejara en la victimización, recogida a través de las encuestas destinadas a estos fines. Las pruebas estadísticas aplicadas descartan que la victimización general se incremente producto de la RPP. Tampoco es posible relacionar esta reforma con variaciones en la victimización por los delitos de hurto y lesiones, que son aquellos donde las denuncias manifiestan mayor incremento.
No habiendo variación de la victimización general ni de aquellos delitos específicos, no es posible atribuir a la reforma un efecto negativo sobre los delitos menores. Es decir, el supuesto excesivo garantismo del nuevo sistema penal no actúa estimulando la comisión de delitos. Ahora bien, tampoco ha sido posible establecer conclusiones en el sentido contrario: la eficiencia del nuevo sistema no parece funcionar como disuasivo de la actividad criminal, puesto que la victimización no disminuye para ninguno de los delitos analizados.
Si bien es cierto que el nuevo sistema procesal penal no incide en que la ciudadanía sea más proclive a denunciar los delitos de los cuales son víctimas, resulta necesario y relevante notar que sí genera una mejora en la percepción ciudadana respecto de algunas de las instituciones vinculadas a él.
Según informantes claves pertenecientes a instituciones policiales tres áreas temáticas han influido en las estadísticas y son el resultado de la RPP: a) cambio en los sistemas de registro, b) inhibición policial y c) ajuste en los procesos de trabajo.
La primera de ellas resulta particularmente interesante debido a que explica simultáneamente el aumento de las denuncias y la disminución de las detenciones. Este cambio en los sistemas de registro fue explicado de esta manera por un entrevistado: “… bajo el antiguo proceso los detenidos pasaban a disposición del tribunal en esa calidad, de detenidos. Actualmente, muchos de éstos son sólo citados, por lo que no aparecen como detenidos”. Efectivamente, este vaciamiento que se produce desde las detenciones hacia las denuncias, estaría explicado, en buena medida, porque al instalarse en nuevo proceso penal, aquellas detenciones realizadas por delitos o faltas en flagrancia ya no son registradas como tales, puesto que el sujeto no queda, en rigor, ‘detenido’; sino que se registra como una denuncia.
Aquellos delitos con mayor número de denuncias por aprehensiones en flagrancia son, precisamente, lesiones y hurtos. De manera que esta hipótesis resulta del todo coherente con los análisis cuantitativos.
Si bien no ha sido posible establecer en que medida el aumento en las denuncias es explicado por este hecho, para los funcionarios policiales resulta evidente que se ha traducido en un problema significativo, como fue señalado “… pero a nosotros estadísticamente nos afecta, porque en vez de ser un detenido es un denuncio””.
No sólo este cambio en los sistemas de registro para delitos flagrantes explica la variación en las detenciones. El discurso de los funcionarios policiales también hace referencia a otro elemento no menos importante. Se trata de la inhibición policial, motivada por un nuevo sistema que norma y regula las conductas y procedimientos durante la investigación policial.
Aquí encontramos dos fuentes de inhibición: por una parte aquella que dice relación con limitaciones normativas específicas; y, por otra, aquellas que se autoimponen los funcionarios. En el caso de las primeras, se trata de diversas restricciones a la investigación que son impuestas en pro de la legitimidad de los procesos. La más mencionada, en este sentido, ha sido el fin de las órdenes amplias para investigar. Con ellas, los policías a cargo de la investigación estaban facultados para realizar detenciones sin una orden expresa, con el nuevo procedimiento penal, las órdenes deben ser autorizadas por el juez de garantía.
El nuevo escenario que introduce la reforma, en lo relativo a la conducción de la investigación y ejecución de los procedimientos, trajo consigo también la autoinhibición de los policías, quienes, al menos durante el proceso de adaptación, cautelan sus acciones a fin de no caer en actos que, con las ‘nuevas reglas del juego’, podrían ser ilegales.
Muy vinculado a lo anterior, surge el ajuste en los procesos de trabajo, como otro elemento que contribuye a explicar la variación en los indicadores de denuncias y detenciones. Este ajuste ocurre tanto al interior de las instituciones policiales, que preexistían a la reforma, como entre éstas y aquellas que son creadas con este fin específico. Se trata de cómo las policías debieron adecuar sus dinámicas internas al nuevo código procesal penal, a la vez que internalizaban la figura del fiscal como un agente externo que sin superior jerárquico, toma las riendas de la investigación e instruye las diligencias y acciones.
Respecto de las primeras, de carácter interno, los entrevistados acusan como las más complejas aquellas relacionadas con la tramitación formal: “Había que transformar la manera de trabajar, algunos procedimientos que había que hacer muchos documentos relacionados con el acta que había que confeccionar…”.
En relación a la aparición del fiscal, son dos los elementos centrales que demandan ajustes importantes dado que estarían afectando la conducción de la investigación criminal. Por una parte las policías perciben inexperiencia en la investigación en los fiscales y por otra, el fiscal es visto como un agente externo, fuera de la jerarquía institucional.
En suma, se trata de un conjunto de factores intervinientes que no se relacionan directamente con los indicadores de seguridad ciudadana, pero que habrían generado una distorsión en ellos. Constatar que se trata de cambios y ajustes en las dinámicas institucionales, y no de transformaciones en el comportamiento de víctimas (que denuncien más) o victimarios (que cometan más delitos), es relevante no sólo debido a que desmitifica en alguna medida el efecto de la reforma sobre la seguridad ciudadana, sino principalmente, porque nos obliga a mirar con más detención los procesos internos a la hora de evaluar una política pública de la envergadura de la reforma al proceso penal.
La multiplicidad de fuentes de información y técnicas de análisis de datos utilizadas en este estudio, nos ha permitido indagar con mayor profundidad en la diversidad de indicadores que ya han sido planteados como centrales en esta discusión. Sin embargo, debe consignarse que es fundamental, para orientar apropiadamente las políticas en la materia, que los resultados aquí presentados sigan siendo discutidos y analizados en estudios que avancen hacia la explicación de los fenómenos.
Ilustre Municipalidad de Angol
LA REFORMA PROCESAL PENAL Y SEGURIDAD CIUDADANA. ¿Cuál es su relación?
Alejandra Mohor Bellalta
Victor Covarrubias Suárez
Centro de estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, 2006.
La reforma al proceso penal se encuentra en vigor en todo Chile desde Junio de 2005, comenzando su aplicación en cinco etapas desde el año 2000. El diseño de este cambio se gestó en el Ministerio de Justicia hace más de 10 años, incorporando en su elaboración a sectores académicos y de la sociedad civil, lo que facilitó su discusión parlamentaria y el soporte político durante su diseño e implementación.
El nuevo sistema procesal penal chileno ha sido catalogado como una de las reformas en la materia más importantes del último siglo en el país. Sus objetivos generales apuntan a hacer más eficiente el poder punitivo del estado, a la vez que, en su ejercicio, se garantiza el respeto por los derechos fundamentales de víctimas e imputados. Para dar cumplimiento a ellos, se realizaron complejos cambios en los cuerpos normativos que regulan el sistema de enjuiciamiento criminal y se introdujeron nuevos actores al sistema: Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Jueces de Garantía. Esto ha implicado un cambio de paradigma que obliga a la transformación de la cultura procesal e investigativa que atraviesa a todas las instituciones y actores involucrados en la persecución y enjuiciamiento criminal.
El nuevo procedimiento penal es de carácter acusatorio y oral, y se basa en los principios de imparcialidad, transparencia, inmediación, protección, eficacia y concentración. En él se separan las funciones de investigar y sentenciar, la primera facultad de los fiscales, y la segunda de los jueces, cuya presencia es requisito de validez de cualquier actuación; las víctimas y testigos son objeto de atención y protección especial; el sistema incorpora diversos mecanismos para poner término al proceso y se cambia la forma de gestionar los recursos con flexibilidad y especialización; las pruebas y alegatos se presentan en un solo acto en forma oral y pública, fallando los jueces de inmediato, al finalizar éstos.
Una de las características que destaca la implementación de esta reforma fue su gradualidad. Es así como ella comenzó en su etapa I a operar el año 2000 en las Regiones de Coquimbo y de la Araucanía; la II Etapa
Regiones de Antofagasta, Atacama y del Maule; la etapa III lo hizo el año 2002 en las regiones de Tarapacá, Aysén y Magallanes; el año 2003 fue el turno de la IV etapa que incluyó las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Bío Bío y Los Lagos; para finalizar el 16 de junio de 2005 en la Región Metropolitana, que constituyó la V etapa.
La infraestructura y dotación de funcionarios encargados de la persecución penal y de la decisión judicial sobre ésta aumentó de forma tal que la ciudadanía debería percibir un considerable aumento en la oferta de servicios judiciales del sector. En términos de recursos humanos el cambio del sistema procesal penal significa aumentar en un 700% la oferta de justicia en todo el país. Si antes existían 79 jueces de letras especializados en lo criminal, con el sistema plenamente vigente se cuentan 809 nuevos jueces de Garantía y de Tribunal Oral, además de los 640 fiscales del Ministerio Público y más de 430 defensores de la Defensoría Penal Pública y licitados. Presupuestariamente, el cambio significó duplicar la participación del sistema de justicia en el presupuesto del sector público.
La RPP inicialmente no se plantea como un objetivo, ni para si misma ni para las instituciones que crea, abordar la seguridad ciudadana como tema sobre el que tenga competencia directa. Esto debido fundamentalmente a que cumple una función punitiva y no preventiva. Pese a ello, y producto del creciente clima de demanda por seguridad y de la variación observada en algunos indicadores específicos (denuncias y detenciones en particular), el sistema penal renovado en su conjunto debió asumir el discurso de la seguridad como propio.
Si bien se espera que el funcionamiento eficiente del sistema punitivo reformado opere como un importante disuasivo de las conductas criminales, no es en este sentido que se le exige a la reforma dar respuesta a la demanda por seguridad. La discusión académica, política y mediática ha tenido como eje los efectos posibles que, tanto el ‘excesivo’ garantismo como la ‘falta de dureza’ de este sistema, pueden tener sobre el aumento de la criminalidad, particularmente en los delitos de menor cuantía, y sobre la percepción de (in)seguridad de los ciudadanos.
Principales hallazgos
Percepción del riesgo
La percepción de inseguridad que manifiestan los ciudadanos es recogida a través de encuestas de victimización.
No se detectó ninguna variación entre grupos de comunas con y sin reforma, respecto de variables como ‘el aumento de la delincuencia en el barrio’; ni sobre la nota a la seguridad en la casa, la calle o el barrio.
Tal como fue precisado en el taller de expertos, existe una tendencia generalizada a situar la inseguridad producida por el delito en entornos distantes (‘el país’ en este caso), construido sobre la base de un conocimiento indirecto, los ciudadanos perciben mayor inseguridad en espacios lejanos que en aquellos en los que se desenvuelven cotidianamente.
En un sentido similar, respecto de la percepción de vulnerabilidad frente al delito, los diversos análisis realizados muestran que la implementación de la reforma aumenta la ‘adopción de medidas de prevención por parte de la ciudadanía. Los análisis realizados descartarían que esta necesidad de autoprotección esté asociada a la percepción de ausencia de Carabineros.
Ambos hallazgos parecen ser consistentes: la implementación de la reforma produciría un aumento en la percepción de que la delincuencia ha aumentado en el último año en el país, más no en el barrio; a la vez que se incrementan las medidas que toma la población para prevenir ser víctima de la delincuencia, esto último sin relación aparente con que se perciba ausencia de carabineros.
La percepción de inseguridad se encuentra influida por diversas variables, siendo una de las más importantes la victimización. Diversas investigaciones, tanto nacionales como internacionales, han develado que quienes han sido víctimas de algún delito, tienden a manifestar mayores niveles de temor que quienes no lo han sido. Esto, sin embargo, no contribuye a explicar la construcción de la percepción de inseguridad de entornos lejanos vinculada a la puesta en marcha de la reforma al proceso penal.
A modo de discusión, parece interesante señalar que diversos estudios se han referido a la influencia que tendrían los medios de comunicación de masas en la configuración del temor. Y no se trataría, según plantean algunos autores, sólo del volumen, sino también del cómo se abordan los contenidos.
Denuncias
Dos son las fuentes más relevantes para informar del volumen de delitos cometidos en territorios y tiempos delimitados: encuestas de victimización y denuncias registradas por las policías. Dado que cada una aporta información relevante pero parcial, deben ser complementarias a la hora de analizarlas.
Dado que se observa que, tras la entrada en vigencia de la reforma, aumentaban las tasas de denuncias para las regiones donde se implementaba, se levantaron una serie de discursos que intentaron explicar esta variación. Uno de ellos atribuía a la reforma generar un aumento en la comisión de delitos, particularmente en delitos menores; otros, asumían que dicha variación respondía al aumento de la confianza ciudadana en las instituciones vinculadas a la persecución criminal; y, por otro lado, a las transformaciones en las dinámicas internas de las instituciones, tales como organización de la investigación policial, sistemas de registro, entre otras.
A este respecto, se descarta que la variación de las denuncias esté asociada a un aumento del delito producto de la RPP, tampoco parece vincularse con mayor confianza en las instituciones. Se trataría, de variaciones que ‘se asocian a las transformaciones y ajustes de las dinámicas institucionales’.
Es necesario consignar que efectivamente las tasas de denuncias registradas por las policías para los DMCS, experimentan variaciones significativas en el período inmediatamente siguiente a la entrada en vigencia de la reforma, y que esta variación positiva está relacionada con la RPP. Esta asociación es particularmente significativa para dos de los delitos comprendidos entre los de mayor connotación social: hurto y lesiones.
Si se tratara del aumento en la comisión de delitos, sería esperable que este se reflejara en la victimización, recogida a través de las encuestas destinadas a estos fines. Las pruebas estadísticas aplicadas descartan que la victimización general se incremente producto de la RPP. Tampoco es posible relacionar esta reforma con variaciones en la victimización por los delitos de hurto y lesiones, que son aquellos donde las denuncias manifiestan mayor incremento.
No habiendo variación de la victimización general ni de aquellos delitos específicos, no es posible atribuir a la reforma un efecto negativo sobre los delitos menores. Es decir, el supuesto excesivo garantismo del nuevo sistema penal no actúa estimulando la comisión de delitos. Ahora bien, tampoco ha sido posible establecer conclusiones en el sentido contrario: la eficiencia del nuevo sistema no parece funcionar como disuasivo de la actividad criminal, puesto que la victimización no disminuye para ninguno de los delitos analizados.
Si bien es cierto que el nuevo sistema procesal penal no incide en que la ciudadanía sea más proclive a denunciar los delitos de los cuales son víctimas, resulta necesario y relevante notar que sí genera una mejora en la percepción ciudadana respecto de algunas de las instituciones vinculadas a él.
Según informantes claves pertenecientes a instituciones policiales tres áreas temáticas han influido en las estadísticas y son el resultado de la RPP: a) cambio en los sistemas de registro, b) inhibición policial y c) ajuste en los procesos de trabajo.
La primera de ellas resulta particularmente interesante debido a que explica simultáneamente el aumento de las denuncias y la disminución de las detenciones. Este cambio en los sistemas de registro fue explicado de esta manera por un entrevistado: “… bajo el antiguo proceso los detenidos pasaban a disposición del tribunal en esa calidad, de detenidos. Actualmente, muchos de éstos son sólo citados, por lo que no aparecen como detenidos”. Efectivamente, este vaciamiento que se produce desde las detenciones hacia las denuncias, estaría explicado, en buena medida, porque al instalarse en nuevo proceso penal, aquellas detenciones realizadas por delitos o faltas en flagrancia ya no son registradas como tales, puesto que el sujeto no queda, en rigor, ‘detenido’; sino que se registra como una denuncia.
Aquellos delitos con mayor número de denuncias por aprehensiones en flagrancia son, precisamente, lesiones y hurtos. De manera que esta hipótesis resulta del todo coherente con los análisis cuantitativos.
Si bien no ha sido posible establecer en que medida el aumento en las denuncias es explicado por este hecho, para los funcionarios policiales resulta evidente que se ha traducido en un problema significativo, como fue señalado “… pero a nosotros estadísticamente nos afecta, porque en vez de ser un detenido es un denuncio””.
No sólo este cambio en los sistemas de registro para delitos flagrantes explica la variación en las detenciones. El discurso de los funcionarios policiales también hace referencia a otro elemento no menos importante. Se trata de la inhibición policial, motivada por un nuevo sistema que norma y regula las conductas y procedimientos durante la investigación policial.
Aquí encontramos dos fuentes de inhibición: por una parte aquella que dice relación con limitaciones normativas específicas; y, por otra, aquellas que se autoimponen los funcionarios. En el caso de las primeras, se trata de diversas restricciones a la investigación que son impuestas en pro de la legitimidad de los procesos. La más mencionada, en este sentido, ha sido el fin de las órdenes amplias para investigar. Con ellas, los policías a cargo de la investigación estaban facultados para realizar detenciones sin una orden expresa, con el nuevo procedimiento penal, las órdenes deben ser autorizadas por el juez de garantía.
El nuevo escenario que introduce la reforma, en lo relativo a la conducción de la investigación y ejecución de los procedimientos, trajo consigo también la autoinhibición de los policías, quienes, al menos durante el proceso de adaptación, cautelan sus acciones a fin de no caer en actos que, con las ‘nuevas reglas del juego’, podrían ser ilegales.
Muy vinculado a lo anterior, surge el ajuste en los procesos de trabajo, como otro elemento que contribuye a explicar la variación en los indicadores de denuncias y detenciones. Este ajuste ocurre tanto al interior de las instituciones policiales, que preexistían a la reforma, como entre éstas y aquellas que son creadas con este fin específico. Se trata de cómo las policías debieron adecuar sus dinámicas internas al nuevo código procesal penal, a la vez que internalizaban la figura del fiscal como un agente externo que sin superior jerárquico, toma las riendas de la investigación e instruye las diligencias y acciones.
Respecto de las primeras, de carácter interno, los entrevistados acusan como las más complejas aquellas relacionadas con la tramitación formal: “Había que transformar la manera de trabajar, algunos procedimientos que había que hacer muchos documentos relacionados con el acta que había que confeccionar…”.
En relación a la aparición del fiscal, son dos los elementos centrales que demandan ajustes importantes dado que estarían afectando la conducción de la investigación criminal. Por una parte las policías perciben inexperiencia en la investigación en los fiscales y por otra, el fiscal es visto como un agente externo, fuera de la jerarquía institucional.
En suma, se trata de un conjunto de factores intervinientes que no se relacionan directamente con los indicadores de seguridad ciudadana, pero que habrían generado una distorsión en ellos. Constatar que se trata de cambios y ajustes en las dinámicas institucionales, y no de transformaciones en el comportamiento de víctimas (que denuncien más) o victimarios (que cometan más delitos), es relevante no sólo debido a que desmitifica en alguna medida el efecto de la reforma sobre la seguridad ciudadana, sino principalmente, porque nos obliga a mirar con más detención los procesos internos a la hora de evaluar una política pública de la envergadura de la reforma al proceso penal.
La multiplicidad de fuentes de información y técnicas de análisis de datos utilizadas en este estudio, nos ha permitido indagar con mayor profundidad en la diversidad de indicadores que ya han sido planteados como centrales en esta discusión. Sin embargo, debe consignarse que es fundamental, para orientar apropiadamente las políticas en la materia, que los resultados aquí presentados sigan siendo discutidos y analizados en estudios que avancen hacia la explicación de los fenómenos.
Artículo sobre violencia escolar
Gobierno de Chile Plan Comuna Segura, Angol
Ilustre Municipalidad de Angol
LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS
PROGRAMA PAZ EDUCA
Catalina Mertz
Fundación Paz Ciudadana
Julio 2006.
I.
a) Magnitud del problema de la violencia en las escuelas
Lamentablemente en nuestro país la información estadística a la fecha es todavía relativamente escasa. Sin embargo, diferentes estudios han recopilado información que si bien es dispar en términos en términos de representatividad y contenido especifico permite caracterizar la violencia escolar en Chile.
Hein y Barrientos (2004)[1] constataron que contrario a lo que se podría suponer el nivel socioeconómico no hace diferencias en los niveles de violencia.
Existe consenso en que en nuestro sistema educacional se están manifestando diversos tipos de violencia; violencia entre pares, violencia entre adultos y alumnos y la violencia de carácter delictivo aunque las cifras no son alarmante pero se debe intervenir al respecto.
b) Por qué prevenir la violencia en las escuelas:
1) Dificulta el aprendizaje (Lawrence, 1998[2]; Sprague y Walter, 2005)[3]
2) Causa daños fiscos y psicológicos en las victimas ( Pelper et al., 2004)[4]
3) Se pueden iniciar trayectorias conductuales problemáticas
El abandono de teorías generales del delito y la adopción del enfoque de salud publica en el análisis de la violencia y la delincuencia y otros comportamientos de riesgo o antisociales ha generado información científico que permite imputarla a la prevención de la violencia en general y la que manifiesta en las escuelas en particular, beneficios sociales adicionales.
Diversos estudios han identificado una serie de características personales y del entorno que predicen una mayor probabilidad de ejercer comportamientos de riesgo o problemáticos contrario a esto existen los factores protectores (Lawrence 1998, Loeber y Farrington 1998[5], Catalano et al., 1999[6], Gottfredson 2001[7]). En el caso especifico de los comportamientos problemáticos juveniles se ha detectado que éstos tienen en común parte o la totalidad de un conjunto determinado de factores de riesgo.
Factores de riesgo en el ámbito escolar e individual[8]
Fracaso académico al final de la enseñanza básica
Falta de compromiso con la escuela
Comportamiento antisocial temprano y persistente
Rebeldía
Amigos que ejercen el comportamiento problemático
Actitudes favorables hacia el comportamiento problemático
Iniciación temprana en el comportamiento problemático
Factores de formación de la personalidad
En resumen, trayectorias de vida negativas están precedidas por la externalización de una serie de comportamientos problemáticos que son expresados en diversos ámbitos y que a su vez están influenciados por un mismo conjunto de factores de riesgo.
Factores protectores:
Provisión de oportunidades de interacción y realizar acciones pro-sociales
reforzamiento positivo de las acciones pro-sociales
creencias sanas y estándares de comportamiento claro
formación de vínculos afectivos o emocionales en todo ambito social
c) Los establecimientos educacionales como plataformas para la prevención
Existe consenso en que los establecimientos educacionales pueden fomentar comportamientos problemáticos como ir en contra de estos. Algunos factores que influyen negativamente en los alumnos son: instrucción ineficaz, practicas administrativas inconsciente y punitivas, la falta de oportunidades de aprender y practicar habilidades interpersonales pro-sociales y de autocontrol, reglas imprecisas con respecto a la conducta esperada, incapacidad de individualizar la instrucción para adaptarse a las diferencias personales entre otras (Sprague et al., 2001[9])
“ las escuelas que explotan su potencial de constituir una plataforma sobre la cual se puede exponer a los niños y jóvenes a factores protectores y permitir el acceso a servicios de apoyo…”[10]
Los jóvenes y niños que no aprenden a controlar sus impulsos y agresividad en su época escolar tienen una probabilidad de desarrollar comportamientos problemáticos en la adultez.
“ El trabajo preventivo en los establecimientos educacionales representa una de las prioridades de abordar, no solo por las situaciones de violencia o delitos que pueden existir en su interior, sino especialmente por el potencial socializador que estos tienen sobre la población en general. “ [11]
II. Como prevenir la violencia en las escuelas
Si bien no existe una receta especifica para prevenir comportamientos problemáticos y violencia en las escuelas, existe ciertos tips que pueden orientar -a partir de la evidencias empíricas aportadas por programas que ya han sido implementados- estrategias locales de prevención como son: organización y administración escolar efectiva, creación de ambientes que promuevan el comportamiento pro-social, la provisión de instrucción , capacitación y entrenamiento especifico en el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para el autocontrol(en especial en población de alto riesgo) y mediante la implementación de programas o practicas de una forma rigurosa y de alta calidad.
Para tener impacto, la instrucción realizada como parte de programas curriculares de prevención deben realizarse mediante métodos cognitivos-conductuales (ensayos, juego de roles y discusión), y deben instalarse programas mas intensivos para alumnos con niveles de riesgo mas alto, creando un sistema de apoyo al comportamiento pro-social continuo en todo el establecimiento al respecto:
Prevención primaria (todos los alumnos, 80% sin problemas)
Prevención secundaria (grupo de alumnos con comportamientos de riesgo, 15%)
Prevención terciaria (sistemas especializados e individualizados de alto riesgo, 5%)
Cabe señalar, que si ya existen programas orientados a la prevención al interior de los colegios éstos mismos podrían ser evaluados y mejorados.
III. La prevención de la violencia en las escuelas en Chile
La idea de prevenir en las escuelas debe priorizar estrategias integrales de intervención.
Pilares del Programa Paz educa:
Base en evidencia empírica
Integralidad
2,1 El diseño, uso y supervisión de los espacios escolares
2,2 Las prácticas administrativas y de gestión de la escuela
2.3 La naturaleza del barrio y la comunidad en la que esta inserta el establecimiento
2,4 Las características de los estudiantes del establecimiento
Replicabilidad y fidelidad de la implementación: originados externamente pero con el apoyo y compromiso administrativo y docente
Ilustre Municipalidad de Angol
LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS
PROGRAMA PAZ EDUCA
Catalina Mertz
Fundación Paz Ciudadana
Julio 2006.
I.
a) Magnitud del problema de la violencia en las escuelas
Lamentablemente en nuestro país la información estadística a la fecha es todavía relativamente escasa. Sin embargo, diferentes estudios han recopilado información que si bien es dispar en términos en términos de representatividad y contenido especifico permite caracterizar la violencia escolar en Chile.
Hein y Barrientos (2004)[1] constataron que contrario a lo que se podría suponer el nivel socioeconómico no hace diferencias en los niveles de violencia.
Existe consenso en que en nuestro sistema educacional se están manifestando diversos tipos de violencia; violencia entre pares, violencia entre adultos y alumnos y la violencia de carácter delictivo aunque las cifras no son alarmante pero se debe intervenir al respecto.
b) Por qué prevenir la violencia en las escuelas:
1) Dificulta el aprendizaje (Lawrence, 1998[2]; Sprague y Walter, 2005)[3]
2) Causa daños fiscos y psicológicos en las victimas ( Pelper et al., 2004)[4]
3) Se pueden iniciar trayectorias conductuales problemáticas
El abandono de teorías generales del delito y la adopción del enfoque de salud publica en el análisis de la violencia y la delincuencia y otros comportamientos de riesgo o antisociales ha generado información científico que permite imputarla a la prevención de la violencia en general y la que manifiesta en las escuelas en particular, beneficios sociales adicionales.
Diversos estudios han identificado una serie de características personales y del entorno que predicen una mayor probabilidad de ejercer comportamientos de riesgo o problemáticos contrario a esto existen los factores protectores (Lawrence 1998, Loeber y Farrington 1998[5], Catalano et al., 1999[6], Gottfredson 2001[7]). En el caso especifico de los comportamientos problemáticos juveniles se ha detectado que éstos tienen en común parte o la totalidad de un conjunto determinado de factores de riesgo.
Factores de riesgo en el ámbito escolar e individual[8]
Fracaso académico al final de la enseñanza básica
Falta de compromiso con la escuela
Comportamiento antisocial temprano y persistente
Rebeldía
Amigos que ejercen el comportamiento problemático
Actitudes favorables hacia el comportamiento problemático
Iniciación temprana en el comportamiento problemático
Factores de formación de la personalidad
En resumen, trayectorias de vida negativas están precedidas por la externalización de una serie de comportamientos problemáticos que son expresados en diversos ámbitos y que a su vez están influenciados por un mismo conjunto de factores de riesgo.
Factores protectores:
Provisión de oportunidades de interacción y realizar acciones pro-sociales
reforzamiento positivo de las acciones pro-sociales
creencias sanas y estándares de comportamiento claro
formación de vínculos afectivos o emocionales en todo ambito social
c) Los establecimientos educacionales como plataformas para la prevención
Existe consenso en que los establecimientos educacionales pueden fomentar comportamientos problemáticos como ir en contra de estos. Algunos factores que influyen negativamente en los alumnos son: instrucción ineficaz, practicas administrativas inconsciente y punitivas, la falta de oportunidades de aprender y practicar habilidades interpersonales pro-sociales y de autocontrol, reglas imprecisas con respecto a la conducta esperada, incapacidad de individualizar la instrucción para adaptarse a las diferencias personales entre otras (Sprague et al., 2001[9])
“ las escuelas que explotan su potencial de constituir una plataforma sobre la cual se puede exponer a los niños y jóvenes a factores protectores y permitir el acceso a servicios de apoyo…”[10]
Los jóvenes y niños que no aprenden a controlar sus impulsos y agresividad en su época escolar tienen una probabilidad de desarrollar comportamientos problemáticos en la adultez.
“ El trabajo preventivo en los establecimientos educacionales representa una de las prioridades de abordar, no solo por las situaciones de violencia o delitos que pueden existir en su interior, sino especialmente por el potencial socializador que estos tienen sobre la población en general. “ [11]
II. Como prevenir la violencia en las escuelas
Si bien no existe una receta especifica para prevenir comportamientos problemáticos y violencia en las escuelas, existe ciertos tips que pueden orientar -a partir de la evidencias empíricas aportadas por programas que ya han sido implementados- estrategias locales de prevención como son: organización y administración escolar efectiva, creación de ambientes que promuevan el comportamiento pro-social, la provisión de instrucción , capacitación y entrenamiento especifico en el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para el autocontrol(en especial en población de alto riesgo) y mediante la implementación de programas o practicas de una forma rigurosa y de alta calidad.
Para tener impacto, la instrucción realizada como parte de programas curriculares de prevención deben realizarse mediante métodos cognitivos-conductuales (ensayos, juego de roles y discusión), y deben instalarse programas mas intensivos para alumnos con niveles de riesgo mas alto, creando un sistema de apoyo al comportamiento pro-social continuo en todo el establecimiento al respecto:
Prevención primaria (todos los alumnos, 80% sin problemas)
Prevención secundaria (grupo de alumnos con comportamientos de riesgo, 15%)
Prevención terciaria (sistemas especializados e individualizados de alto riesgo, 5%)
Cabe señalar, que si ya existen programas orientados a la prevención al interior de los colegios éstos mismos podrían ser evaluados y mejorados.
III. La prevención de la violencia en las escuelas en Chile
La idea de prevenir en las escuelas debe priorizar estrategias integrales de intervención.
Pilares del Programa Paz educa:
Base en evidencia empírica
Integralidad
2,1 El diseño, uso y supervisión de los espacios escolares
2,2 Las prácticas administrativas y de gestión de la escuela
2.3 La naturaleza del barrio y la comunidad en la que esta inserta el establecimiento
2,4 Las características de los estudiantes del establecimiento
Replicabilidad y fidelidad de la implementación: originados externamente pero con el apoyo y compromiso administrativo y docente
[1] Hein, A. y Barrientos, G. (2004). Violencia y delincuencia juvenil: comportamientos autorreportados y factores asociados, Fundación Paz Ciudadana. http://www.pazciudadana.cl/documentos/autorreporte.pdf
[2] Lawrence, R., (1998). School Crime and Juvenile Justice, Oxford University Press
[3] Sprague, J., Walker, H., (2005). Safe and Healthy Schools Practical Prevention Strategies, The Guilford Practical Intervention in the Schools Series, The Guilford Press
[4] Pelper, D., Smith, P., y Rigby, K., (2004) Looking back and looking forward: implicatiosn for making interventions work effectively. Capítulo 16 en Pelper, D., Smith, P., y Rigby, K., (Eds.) Bullying in Schools How Successful Can Interventions Be?, Cambridge University Press.
[5] Loeber, R., Farrington, D., (Eds.) (1998). Serious and Violent Juvenile Offenders Risk factors and Successful Interventions, Sage Publications.
[6] Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan, J. A. M., Lonczak, H. S., & Hawkins, J. D. (1999). Positive youth development in the United States. Research findings on evaluations of the Positive Youth Development Programs. Report to the U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation and National Institute for Child Health and Human Development. ( access at http://aspe.hhs.gov/hsp/PositiveYouthDev99/index.htm)
[7] Gottfredson, D, (2001). Schools and Delincuency, Cambridge University Press.
[8] Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan, J. A. M., Lonczak, H. S., & Hawkins, J. D. (1999). Positive youth development in the United States. Research findings on evaluations of the Positive Youth Development Programs. Report to the U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation and National Institute for Child Health and Human Development. ( access at http://aspe.hhs.gov/hsp/PositiveYouthDev99/index.htm)
[9] Sprague, J., Walker, H., Golly, A., White, K., Myers, M., Shannon, T., (2001) Translating Research into Effective Practice: The Effects of a Universal Staff and Student Intervention on Indicators of Discipline and Schools Safety, The University of Oregon Institute on Violence and Destructive Behavior.
[10] Gottfredson, D, (2001). Schools and Delincuency, Cambridge University Press.
[11]Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana (2004), Resumen Ejecutivo y Recomendaciones, Ministerio del Interior.
martes, 17 de julio de 2007
Estrategia Nacional de Seguridad Pública
Índice:
1. Introducción
2. Presentación
3. I. Institucionalidad
4. II. Información
5. III. Prevención
6. IV. Control y Sanción
7. V. Rehabilitación
8. Vi. Asistencia a Víctimas
1. INTRODUCCIÓN
ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2006 - 2010
La Seguridad Pública constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las sociedades modernas. Una nación que goza de altos niveles de paz y tranquilidad, genera condiciones favorables para la inversión, desarrollo social, político y cultural de sus ciudadanos. Es por ello que las iniciativas que se adopten para mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país, deben dar cuenta de la integridad y complejidad de este fenómeno.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) 2006. 2010 que hoy presentamos, constituye un consistente esfuerzo del Estado chileno por poner sus instituciones al servicio de los ciudadanos. Las personas son el centro de las políticas públicas modernas y ese es nuestro desafío.
La Estrategia tiene por objetivo focalizar, coordinar y temporalizar las líneas de acción señaladas en la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya creación significó un gran esfuerzo de coordinación de diversos actores e instituciones, públicas y privadas. Ellos fijaron las directrices y orientaciones que hoy se materializan en una Estrategia que establece metas y plazos que serán evaluado en sus logros y desafíos. Esto nos asegura contar con una política moderna y centrada en el impacto que las diversas acciones tendrán en la vida de los chilenos.
De acuerdo a las prioridades y experiencias recogidas en el ámbito de la seguridad, hemos seis ejes esenciales para orientar las diversas iniciativas que se incorporan en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
En primer lugar la INSTITUCIONALIDAD. Eje fundamental que se dirige a modernizar la actual estructura pública en materia de seguridad. Una institucionalidad especializada para la conducción de política pública.
En segundo lugar la INFORMACIÓN: Este eje está orientado a crear un sistema de información válida, confiable y oportuna para la toma de decisiones. Por una parte información pública que permita a la comunidad tener acceso a datos de encuestas y estudios sobre temas de seguridad, violencia y temor en nuestro país.
Otro de los ejes es la PREVENCIÓN, su finalidad es intervenir en las condiciones sociales y ambientales para disminuir y evitar el aumento de la violencia y la ocurrencia de delitos.
CONTROL Y SANCIÓN es otro de los ejes fundamentales. Junto con las acciones de prevención, debemos ser capaces de proteger la libertad de los ciudadanos que se ven limitados por el temor a una minoría que hace del delito su actividad habitual. En materia de control, se modernizará la legislación vigente para hacer frente a la nueva realidad delictual. Se potenciará el trabajo coordinado entre las autoridades locales y las policías, se fortalecerán sus funciones y facultades operativas entre otras medidas. También se implementará un trabajo coordinado respecto de los infractores de ley penal; se potenciará la construcción de nuevos recintos penales; se modernizarán los sistemas de control fronterizo; se perfeccionarán los sistemas privativos y no privativos de libertas, entre otras.
Un quinto eje es la REHABILITACIÓN. Con la finalidad de dar una oportunidad de
integración a la comunidad a los infractores de ley y consumidores de alcohol y drogas, implementaremos programas de rehabilitación para estas personas. Con ello buscamos lograr cerrar el ciclo del delito, mediante una oferta digna para el emprendimiento, empleabilidad y capacitación.
Por último pondremos un especial énfasis en la atención de VÍCTIMAS: sin duda las personas y familias que son víctimas de delitos violentos requieren de un apoyo humano, psicológico y orientador por parte del Estado para enfrentar esta situación. Por ello es que iremos en ayuda de aquellos que han sufrido el drama de haber sido víctimas de algún delito violento, mediante la creación de Centros de Atención a Víctimas.
LA DECISIÓN ESTÁ TOMADA, enfrentaremos la delincuencia, la violencia y el temor con las mejores herramientas que poseemos y con nuestra mejor gente. Enfatizaremos nuestra labor en la coordinación y en el trabajo integral, donde la prevención, el control, la sanción, la atención a víctimas y la rehabilitación son parte fundamental de éste. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es sin duda el mayor desafío en material de Seguridad en muchos años. Para su éxito resulta fundamental el compromiso y esfuerzo de todos los sectores de nuestra sociedad. Con este esfuerzo manifestamos que junto con querer un Chile integrador, competitivo, solidario y humano, queremos un Chile Más Seguro. Con ello podremos proyectar un futuro próspero, justo y digno para nuestros niños y niñas. Ese es nuestra labor.
2. PRESENTACIÓN
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Redactada el 2004, es la base sobre la cual se desarrolla la política pública en seguridad ciudadana, que establece criterios ordenadores, horizonte estratégico y objetivos de Estado en la materia.
ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Tiene como propósito aplicar, temporalizar y focalizar los contenidos de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana en 6 ejes estratégicos que permiten enfrentar el fenómeno delictual de manera integral y coordinada en el sector público. Con indicación de metas, plazos y sistemas de evaluación de ellas.
PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA
Integridad
Focalización
Coordinación
Territorialidad
Participación Ciudadana
Seguimiento y Evaluación
EJES DE ACCIÓN
INSTITUCIONALIDAD: Especializada, con facultades para conducir la política pública.
INFORMACIÓN: Válida, confiable, transparente y oportuna para la toma de decisiones
PREVENCIÓN: Grupos sociales y espacios urbanos
CONTROL Y SANCIÓN: Eficiente respuesta policial y judicial a los infractores de la ley penal
REHABILITACIÓN: Rehabilitación y reinserción social de infractores de ley penal
ATENCIÓN A VICTIMAS: Asistencia y apoyo oportuno, acogedor y eficaz a víctimas de delitos violentos
3. INSTITUCIONALIDAD
OBJETIVO: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
Nueva institucionalidad en materia de seguridad pública, encargada de definir, coordinar, conducir y ejecutar la Política de Seguridad. (Ministerio del Interior). Será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República, responsable de la prevención y control de la delincuencia y de evaluar la ejecución de la política pública. Contempla la dependencia de ambas policías.
Nueva institucionalidad para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas
(Ministerio del Interior).
Creación de un Servicio Público para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
Nueva institucionalidad en materia de seguridad pública
Regular guardias de seguridad, vigilantes; sistemas de alarmas domiciliarias; guardaespaldas; detectives privados; eventos masivos.
Actualizar y modernizar la regulación de Bancos y entidades financieras; transporte de valores; empresas estratégicas, servicios públicos, servicios de utilidad pública, entre otros.
Potenciar el Comité Público Privado de Seguridad con la Conferencia de la Producción y el Comercio para la implementación conjunta de medidas de seguridad. (Ministerio del Interior)
Incorporar las inversiones del comercio en seguridad dentro de las líneas de financiamiento CORFO para incentivar la autoprotección. (Ministerio del Interior)
DISEÑAR UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Coordinar a todos los Ministerios y Servicios responsables de la seguridad pública a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública y los Consejos Regionales de Seguridad Pública. (Ministerio del Interior)
IMPLEMENTAR DESDE EL NIVEL CENTRAL UNA ESTRUCTURA TERRITORIAL
Constituir Consejos Comunales de Seguridad que definen planes, coordinados por los Municipios y apoyados por un Secretario Técnico. (Ministerio del Interior y Municipios)
4.- INFORMACIÓN
1. Introducción
2. Presentación
3. I. Institucionalidad
4. II. Información
5. III. Prevención
6. IV. Control y Sanción
7. V. Rehabilitación
8. Vi. Asistencia a Víctimas
1. INTRODUCCIÓN
ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2006 - 2010
La Seguridad Pública constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las sociedades modernas. Una nación que goza de altos niveles de paz y tranquilidad, genera condiciones favorables para la inversión, desarrollo social, político y cultural de sus ciudadanos. Es por ello que las iniciativas que se adopten para mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país, deben dar cuenta de la integridad y complejidad de este fenómeno.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) 2006. 2010 que hoy presentamos, constituye un consistente esfuerzo del Estado chileno por poner sus instituciones al servicio de los ciudadanos. Las personas son el centro de las políticas públicas modernas y ese es nuestro desafío.
La Estrategia tiene por objetivo focalizar, coordinar y temporalizar las líneas de acción señaladas en la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya creación significó un gran esfuerzo de coordinación de diversos actores e instituciones, públicas y privadas. Ellos fijaron las directrices y orientaciones que hoy se materializan en una Estrategia que establece metas y plazos que serán evaluado en sus logros y desafíos. Esto nos asegura contar con una política moderna y centrada en el impacto que las diversas acciones tendrán en la vida de los chilenos.
De acuerdo a las prioridades y experiencias recogidas en el ámbito de la seguridad, hemos seis ejes esenciales para orientar las diversas iniciativas que se incorporan en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
En primer lugar la INSTITUCIONALIDAD. Eje fundamental que se dirige a modernizar la actual estructura pública en materia de seguridad. Una institucionalidad especializada para la conducción de política pública.
En segundo lugar la INFORMACIÓN: Este eje está orientado a crear un sistema de información válida, confiable y oportuna para la toma de decisiones. Por una parte información pública que permita a la comunidad tener acceso a datos de encuestas y estudios sobre temas de seguridad, violencia y temor en nuestro país.
Otro de los ejes es la PREVENCIÓN, su finalidad es intervenir en las condiciones sociales y ambientales para disminuir y evitar el aumento de la violencia y la ocurrencia de delitos.
CONTROL Y SANCIÓN es otro de los ejes fundamentales. Junto con las acciones de prevención, debemos ser capaces de proteger la libertad de los ciudadanos que se ven limitados por el temor a una minoría que hace del delito su actividad habitual. En materia de control, se modernizará la legislación vigente para hacer frente a la nueva realidad delictual. Se potenciará el trabajo coordinado entre las autoridades locales y las policías, se fortalecerán sus funciones y facultades operativas entre otras medidas. También se implementará un trabajo coordinado respecto de los infractores de ley penal; se potenciará la construcción de nuevos recintos penales; se modernizarán los sistemas de control fronterizo; se perfeccionarán los sistemas privativos y no privativos de libertas, entre otras.
Un quinto eje es la REHABILITACIÓN. Con la finalidad de dar una oportunidad de
integración a la comunidad a los infractores de ley y consumidores de alcohol y drogas, implementaremos programas de rehabilitación para estas personas. Con ello buscamos lograr cerrar el ciclo del delito, mediante una oferta digna para el emprendimiento, empleabilidad y capacitación.
Por último pondremos un especial énfasis en la atención de VÍCTIMAS: sin duda las personas y familias que son víctimas de delitos violentos requieren de un apoyo humano, psicológico y orientador por parte del Estado para enfrentar esta situación. Por ello es que iremos en ayuda de aquellos que han sufrido el drama de haber sido víctimas de algún delito violento, mediante la creación de Centros de Atención a Víctimas.
LA DECISIÓN ESTÁ TOMADA, enfrentaremos la delincuencia, la violencia y el temor con las mejores herramientas que poseemos y con nuestra mejor gente. Enfatizaremos nuestra labor en la coordinación y en el trabajo integral, donde la prevención, el control, la sanción, la atención a víctimas y la rehabilitación son parte fundamental de éste. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es sin duda el mayor desafío en material de Seguridad en muchos años. Para su éxito resulta fundamental el compromiso y esfuerzo de todos los sectores de nuestra sociedad. Con este esfuerzo manifestamos que junto con querer un Chile integrador, competitivo, solidario y humano, queremos un Chile Más Seguro. Con ello podremos proyectar un futuro próspero, justo y digno para nuestros niños y niñas. Ese es nuestra labor.
2. PRESENTACIÓN
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Redactada el 2004, es la base sobre la cual se desarrolla la política pública en seguridad ciudadana, que establece criterios ordenadores, horizonte estratégico y objetivos de Estado en la materia.
ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Tiene como propósito aplicar, temporalizar y focalizar los contenidos de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana en 6 ejes estratégicos que permiten enfrentar el fenómeno delictual de manera integral y coordinada en el sector público. Con indicación de metas, plazos y sistemas de evaluación de ellas.
PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA
Integridad
Focalización
Coordinación
Territorialidad
Participación Ciudadana
Seguimiento y Evaluación
EJES DE ACCIÓN
INSTITUCIONALIDAD: Especializada, con facultades para conducir la política pública.
INFORMACIÓN: Válida, confiable, transparente y oportuna para la toma de decisiones
PREVENCIÓN: Grupos sociales y espacios urbanos
CONTROL Y SANCIÓN: Eficiente respuesta policial y judicial a los infractores de la ley penal
REHABILITACIÓN: Rehabilitación y reinserción social de infractores de ley penal
ATENCIÓN A VICTIMAS: Asistencia y apoyo oportuno, acogedor y eficaz a víctimas de delitos violentos
3. INSTITUCIONALIDAD
OBJETIVO: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
Nueva institucionalidad en materia de seguridad pública, encargada de definir, coordinar, conducir y ejecutar la Política de Seguridad. (Ministerio del Interior). Será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República, responsable de la prevención y control de la delincuencia y de evaluar la ejecución de la política pública. Contempla la dependencia de ambas policías.
Nueva institucionalidad para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas
(Ministerio del Interior).
Creación de un Servicio Público para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
Nueva institucionalidad en materia de seguridad pública
Regular guardias de seguridad, vigilantes; sistemas de alarmas domiciliarias; guardaespaldas; detectives privados; eventos masivos.
Actualizar y modernizar la regulación de Bancos y entidades financieras; transporte de valores; empresas estratégicas, servicios públicos, servicios de utilidad pública, entre otros.
Potenciar el Comité Público Privado de Seguridad con la Conferencia de la Producción y el Comercio para la implementación conjunta de medidas de seguridad. (Ministerio del Interior)
Incorporar las inversiones del comercio en seguridad dentro de las líneas de financiamiento CORFO para incentivar la autoprotección. (Ministerio del Interior)
DISEÑAR UN SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Coordinar a todos los Ministerios y Servicios responsables de la seguridad pública a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública y los Consejos Regionales de Seguridad Pública. (Ministerio del Interior)
IMPLEMENTAR DESDE EL NIVEL CENTRAL UNA ESTRUCTURA TERRITORIAL
Constituir Consejos Comunales de Seguridad que definen planes, coordinados por los Municipios y apoyados por un Secretario Técnico. (Ministerio del Interior y Municipios)
4.- INFORMACIÓN
OBJETIVO: Generar un sistema de Información para el diseño y seguimiento de la política pública; y para mejorar la gestión de los organismos de control y sanción.
Información Pública
- Sistema unificado de información estadística de seguridad pública
- Medición periódica de temas de seguridad
- Encuestas y estudios sobre tipos de violencia, consumo de drogas, evaluación de las policías y victimización por violencia intrafamiliar Información para la gestión del Control.
- Implementar un Sistema Nacional de Información Criminal (SINICRIM) para el control del delito, que contenga la información de todas las instituciones relacionadas con la seguridad pública.
- Base de datos de órdenes de aprehensión pendientes, unificada entre Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile.
5.- PREVENCIÓN
OBJETIVO: Implementar acciones que intervengan en las condiciones sociales o ambientales, para disminuir la violencia y la ocurrencia de delitos (prevención social y situacional.)
Prevención Social
- Prevenir Conductas Violentas: Fortalecer y potenciar la capacidad de la comunidad escolar para prevenir conductas violentas.
Drogas
o Prevención universal primaria, de consumo de drogas
o Protección especializada en el ámbito de drogas
o Ampliación de cobertura del Programa PREVIENE
o Ampliación de los Programas: .Conozca a su hijo., .Educando en los primeros años., .Mejoramiento de la infancia.
o Aplicación del Programa .Prevenir en Familia.
o Programa de fortalecimiento Familiar
o Programa Familias de Acogida
o Trabajo preventivo en Centros Violencia Intrafamiliar
o Programa de prevención primaria en población joven
o Interacción socio ocupacional
- Aumentar las acciones de protección y prevención para niños y jóvenes vulnerables
- Generar alternativas para jóvenes que están fuera del sistema (escolar y de trabajo
formal)
Prevención Situacional
- Reducir las condiciones de riesgo de los entornos urbanos que facilitan la violencia y la delincuencia
6.- CONTROL Y SANCIÓN
OBJETIVO: Implementar y promover medidas legales, policiales y judiciales para mejorar las labores de prevención policial y sanción de las conductas ilícitas.
- Mejorar la presencia policial preventiva
- Coordinar la acción policial con los planes territoriales de prevención del delito
- Reforzamiento de los controles de frontera
- Aumentar la proporción de delitos resueltos
- Poner en marcha el sistema de justicia penal adolescente
- Perfeccionar el sistema de penas privativo y no privativo de libertad
- Implementar tribunales de tratamiento para infractores en proceso judicial
- Agenda legislativa de seguridad publica
7.- REHABILITACÓN
OBJETIVO: Integrar a la comunidad a personas infractoras de ley penal.
- Reinsertar socialmente a las personas infractoras de la ley penal (18 y más años)
- Diseñar e implementar estrategias de intervención con jóvenes infractores de la ley de responsabilidad penal adolescente
- Tratamiento y rehabilitación en consumo de drogas a personas infractoras de la ley penal (18 y más años)
- Tratamiento y rehabilitación de drogas para jóvenes infractores afectos a la ley de responsabilidad penal adolescente.
8.- ASISTENCIA A VÍCTIMAS
OBJETIVO: Desarrollar iniciativas de asistencia a víctimas de delitos violentos.
DAR ASISTENCIAS A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS EN EL ÁMBITO DEL PROCESO JUDICIAL Y SOCIAL.
Ámbito Judicial
- Ampliar compromiso estatal de protección a víctimas y testigos. Propuesta de anteproyecto de ley de protección a víctimas y testigos.
- Implementación de 6 salas de primera acogida a víctimas de delitos sexuales en los próximos cuatro años
- Implementación de un plan especializado de protección para víctimas y testigos en casos de alta complejidad
- Mejoramiento de la calidad de los acuerdos reparatorios. Implementación de un
.Modelo de Gestión. para acuerdos reparatorios a través de centros externos en 12 regiones.
- Programa de salud jurídica y mediación comunitaria vecinal y penal en centros de mediación de la Corporación de Asistencia Judicial, con avance progresivo para alcanzar a todo el país.
Ámbito Social
- 14 Centros orientados a víctimas directas e indirectas de delitos violentos.
- 33 Centros de Atención psicosocial a mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar, al año 2010
- 17 casas de acogida para mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar y niños y niñas dependientes de ellas, al año 2010
- 53 Centros de Reparación especializados en maltrato y atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual infantil.
Imágenes Diálogos Ciudadanos en diversas Juntas de Vecinos de nuestra comuna
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Trizano
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Trizano
Pampa Ingenieros
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