APORTES SOCIOLÓGICOS Y CRIMINOLÓGICOS ACERCA DE LA DELINCUENCIA

Existe evidencia y consenso de que la delincuencia es un fenómeno complejo y multicausal que nos obliga a estudiar el tema con detenimiento y de manera integral. Al respecto, existen teorías que suponen la presencia de ciertos factores que aumentan la probabilidad de iniciar o permanecer de las personas en la comisión del delito. La opción por la prevención se impone[1] cada día más por razones de eficiencia y eficacia. La idea es que las estrategias de prevención estén correctamente focalizadas en la población mas vulnerable y/o en riesgo de cometer delito o permanecer en el. Atendiendo a las causas que rodean a las personas como posibles victimas y a la sociedad podemos clasificarlas en Causas sociales, Causas institucionales y causas del entorno urbano y físico[2] estas instancias pueden aumentar la probabilidad de exista la comisión de un delito.

Un modelo explicativo conocido internacionalmente indica que la conducta delictual estaría directamente relacionada con los incentivos o disuasivos que los sujetos adviertan[3]. Es decir, el sujeto evalúa si los beneficios de la actividad delictual son mas altos que las ganancias de realizar actividades licitas asumiendo los costos y riesgos de las primeras. Asimismo, existen otros autores como Fajnzylver, Lederman, Loayza del Banco Mundial que apoyan esta idea de motivación del delincuente, la atención se ubica en las causas institucionales , es decir, se preocupa de convencer a los Gobiernos de la necesidad de un buen funcionamiento de las instituciones como medio efectivo de evitar los hechos ilícitos o sea fortalecer el control.

Por otro lado, Merton[4] explica la conducta delictual a partir de la necesidad de ciertos sujetos por cumplir determinadas metas de éxito económico que impone una sociedad. La condición social precaria de ellos, sin acceso a un trabajo que les reporte ingresos suficientes y sin oportunidades para alcanzar mejores niveles de vida, los impulsa a buscar una salida que es vista como la obtención de una gran cantidad de dinero que los situé en el estatus que les impone el medio. Este modelo pone la atención a la desigualdad. Lo que señala Sutherland[5] es más complejo y profundo, su tesis “asociación diferencial” asume un análisis sociológico-cultural, sosteniendo que la conducta delictual es aprendida en los grupos primarios de socialización (familia, vecinos, amigos), personas del entorno inmediato, que ya tienen inicio o especialización en esta conducta. Las condiciones de pobreza y marginalidad parecen especialmente adecuadas para el desarrollo de “subculturas” alternativas al sistema dominante, donde las condiciones de vida, la no incorporación a trabajos estables y bien remunerados, la escasa escolaridad y la segregación territorial, entre otros factores, se constituyen en elementos enajenantes del sistema y por tanto, validadores de microclimas sociales ajenos a lo aceptado socialmente.

Doris Cooper, investigadora Chilena, en su teoría del “Continuo Subcultural de la delincuencia” (1994) o “Nichos Etiológicos de la Delincuencia” (2000)[6] distingue el ámbito rural y el ámbito urbano donde en cada uno predominan algunos delitos típicos. Las categorías causales de la delincuencia son las siguientes:

a) Pobreza y extrema pobreza urbana: la delincuencia explicada a través de motivaciones económicas generalmente contra la propiedad y tráfico de drogas. Al interior es posible distinguir tres subtipos:
a.1 Ladrón Profesional (alta reincidencia)
a.2 Pandillas poblacionales (motivaciones de consumo de droga y alcohol o necesidades específicas)
a.3 Ladrones ocasionales (actúan según la oportunidad)

b) Delincuencia masculina Rural No Mapuche: delitos contra las personas, la familia y moral. Predomina el homicidio, violación, VIF y lesiones. La motivación no es económica.

c) Delincuencia masculina Rural Mapuche: motivaciones ancestrales, predominan delitos contra la propiedad y las personas. Con fuerte presencia del alcohol, violencia y usurpación de tierras.

d) Delincuencia femenina rural: delitos contra las personas, la familia y la moral. Predominan homicidios de familiares o parejas, en el marco del abuso y VIF.

Sin duda, en la delincuencia actúan e interactúan una serie de factores psicológicos, sociales, culturales y económicos cuya combinación es difícil de calcular. Sin embargo, la ONU[7] señala que existen niveles más altos de delincuencia y de violencia cuando se dan las siguientes condiciones relacionadas entre si:
a) Pobreza y desempleo especialmente en jóvenes
b) Familias disfuncionales (abandono, maltrato, indiferencia)
c) Sociedad tolerante a practicas delictuales
d) Discriminación y exclusión genérica y étnica
e) Degradación del entorno urbano y de vínculos sociales
f) Vigilancia inadecuada
g) Elementos de intimidación

De la Puente y Torres (2000)[8] aportan con otros factores de personalidad y sociales que son influyentes en la predisposición a la delincuencia como son:
a) problemas familiares
b) Ausentismo y deserción escolar
c) Pertenencia a pandillas
d) Problemas de personalidad (autoestima, autocontrol, egocentismo, poca resistencia a la frustración, deseo de obtener gratificaciones materiales de manera rápida, entre otras)
e) Necesidades urgentes que pueden ser satisfechas de manera rápida.

Muchas de estas características son comunas en los delincuentes en Angol. Además que una buena proporción cercana al 50% no superan los 22 años.

Los anteriores factores se pueden clasificar al interior de tres grandes conjuntos según Arriagada (1999)[9]:
a) Factores relacionados con la posición, situación familiar y social de las personas
b) Factores sociales, económicos y culturales
c) Factores contextuales e institucionales

Las conclusiones a que se ha llegado tienen sustento en investigaciones que ilustran con mayores antecedentes las condiciones asociadas a la tema de la delincuencia. La caracterización de ello demuestra que provienen mayoritariamente de familias que han experimentado dificultades socioeconómicas, habitan en viviendas pobres de sectores urbanos, fueron niños que vivieron una crianza inconsciente y descuidada con conflictos parentales[10]. Dentro de este ámbito, los comprometidos en conductas ilícitas suelen ser altamente impulsivos, con baja inteligencia, pobre rendimiento escolar y deserción del colegio[11].

Otro tipo de delito que varia de acuerdo a la sociedad que observemos es la Violencia Intrafamiliar existiendo muy diversas y variadas explicaciones pero con la desventaja de que los factores de riesgo identificados se contextualizan de manera aislada y sin relación aparente. Sin embargo, hoy existe gran consenso de que la VIF responde en especial a patrones más complejos, encadenados y reactivos entre si. Como a continuación se detalla:

Modelo Ecológico para comprender la VIF:
Existen diversos modelos explicativos de la violencia, modelos que han centrado su explicación, algunos en variables individuales y psiquiátricas, pasando por modelos puramente interaccionales hasta modelos centrados en variables socioculturales. Hoy existe consenso en señalar que no hay un factor que por si solo explique las conductas violentas. La violencia es un fenómeno complejo, en el que están presentes como detonante factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos.
El modelo ecológico[12] aglutina de alguna manera diversas explicaciones de la violencia, constituyéndose en un modelo que incorpora distintos factores presentes en la situación de violencia y permite analizar la interacción sistémica de estos factores. El modelo define cuatro niveles de factores en relación con la violencia:
Individuo - Relaciones - Comunidad - Sociedad

El primer nivel se identifica con los factores biológicos y la historia personal que influyen en los comportamientos de los individuos y aumentan las probabilidades de convertirse en víctimas o perpretadores de actos violentos. En este nivel están el consumo de alcohol y drogas, los trastornos psíquicos y las experiencias de violencia anteriores en el espacio familia.

En el segundo nivel se considera las relaciones más cercanas como la familia, los amigos, las parejas y compañeros, es decir el entorno inmediato. En estudios sobre violencia intrafamiliar el tener amigos que cometan o “valoren” los actos de violencia es un factor de riesgo para conductas violentas.

En el tercer nivel se explora los contextos comunitarios en que se desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario y se ven como estos contextos pueden favorecer los comportamientos violentos.

El cuarto nivel se refiere a las normas sociales y culturales que avalan o invisiblizan las conductas de violencia a través de su naturalización, cobrando especial mención en este nivel todas aquellas prescripciones que construye –y ha construido- la sociedad para el ser de mujeres y hombres, condicionamientos que se transforman en el sustrato ideológico de las conductas violentas. . Acá se profundiza la importancia del género como un factor relevante para comprender los comportamientos violentos en sus diversas manifestaciones. Desde esa perspectiva se analiza la representación sobre los estereotipos y roles sexuales, con el objetivo de ver la relación que pueden tener estas representaciones con conductas de violencia actuales o futuras.

Consideremos Género como el conjunto de características psicológicas o de personalidad que diferencian lo masculino de lo femenino, entendiendo que estas características son una construcción cultural. Cada sociedad tiene un ideal de hombre y de mujer y establece mecanismos para asegurar que sus miembros adquieran, desarrollen las características específicas según su género[13]. De aquí se deriva la existencia de los “estereotipos sexuales” que serían el conjunto de creencias que asignan a cada sexo ciertos rasgos y aptitudes psicológicas, intelectuales y manuales, en función de sus características biológicas. Los estereotipos han llevado a la existencia de sexismo, acto de subestimar a cualquier persona en función del sexo al cual pertenece. Los estereotipos sexuales se traducen en roles sexuales: un estándar reconocido y aceptado del ser hombre y mujer. Desde la perspectiva del género, los roles son impuestos, en formas diversas, sobre los individuos y las colectividades por el sistema social. A la mujer se le han atribuido los roles expresivos y al hombre los instrumentales. Se han estudiado los distintos mecanismos por los cuales se originan los roles, entre estos las dimensiones económicas, culturales, ideológicas, sociales y políticas. Un factor clave es el proceso de socialización en el espacio familiar[14]. Por otro lado, se ha trabajado el concepto de identidad ligado a esta realidad para dar cuenta del profundo anclaje de esta realidad y la dificultad para enfrentar el cambio.
Existen numerosos estudios que describen que en aquellas relaciones donde hay violencia en la pareja, sus miembros se han criado por lo general en familias donde los roles sexuales estaban rígidamente pautados. Estas formas de relación profundamente enquistadas en la subjetividad- son las que enfrentadas a cualquier cambio y dificultad, pueden desembocar en violencia.
En estudios realizados en el tema de la violencia hacia la mujer por su pareja, se comprueba que aquellas mujeres que tienen opiniones que tienden a favorecer una relación jerárquica hombre-mujer son las que reciben más violencia por parte de su pareja. Hay una relación entre las actitudes favorables a la autoridad masculina con las experiencias de violencia y especialmente con permanecer en una relación de violencia conyugal.
Es importante poder conocer la percepción de los jóvenes sobre los estereotipos y roles sexuales, considerando que en la actualidad se han dado cambios significativos en el rol de las mujeres en la sociedad, que tendrían que tener un impacto en términos de representaciones en los estereotipos y roles sexuales que se atribuyen según género.
En la actualidad co-existen diferentes definiciones de roles, que responden de alguna manera a los cambios que se están dando en la percepción y ejercicio de los roles de género, generada por la incorporación cada vez más masiva de la mujer al trabajo remunerado lo que ha modificado las bases de la diferenciación de los roles de género: la división sexual del trabajo[15].
a) Roles tradicionales segregados. Estos tienden a darse en los extremos sociales, en los sectores populares y en los sectores de más altos ingresos, la mujer desempeña el rol de madre, esposa y dueña de casa y el hombre es el proveedor único.

b) Roles compartidos: Hombre y mujer son iguales y comparten las tareas del hogar, la educación de los hijos y el trabajo remunerado.
c) Definición intermedia: Mujer se define principalmente como madre- esposa y dueña de casa, pero puede tener una actividad remunerada. El hombre es el proveedor principal, pero participa en la crianza de los hijos y en las tareas del hogar.

Los estereotipos sexuales rígidos, unido a concepciones “idealistas” sobre el amor y la relación, hacen que esas relaciones sean más vulnerables para que las conductas de violencia orientadas a mantener los estereotipos se den. Considerando el marco teórico descrito, el presente estudio profundiza fundamentalmente en los factores culturales que se relacionan con las conductas de violencia. Partiendo por analizar los estereotipos y roles sexuales que tienen los jóvenes en relación a ambos sexos, para luego ver las concepciones de amor y de pareja y comportamiento sexual, finalmente conocer las percepciones sobre la violencia en la pareja, los factores que la explican y las medidas para poder modificar esas situaciones.

[1] Ministerio del Interior (2002). Influencia de factores en riesgo social en el origen de las conductas delincuenciales. División de Seguridad Publica.
[2] Vanderschueren F, (2000). Prevención de la criminalidad. Boletín SUR Corporación de estudios sociales y educación.
[3] En Olavaria M. (2000). Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana. Conferencia de Chile. DOS.
[4] Merton R (1975). Teoría Social y Estructura Social. Paidós.
[5] Sutherland E (1940). Asociación Diferencial. American Sociological Society.
[6] Cooper, D (2000). Anomia y Delincuencia. CISOC.
[7] ONU (1995). Informe del Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento del delincuente. El Cairo.
[8]
[9] Arriagada, I y Godoy, L (1999). Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa. CEPAL.
[10] Ibid,.
[11] Farrington (1996). Revista de Criminología, Policía de Investigaciones de Chile, N°8.
[12] Basado en el modelo desarrollado por Urie Bronfenbrenner La Ecología del desarrollo humano. Paidos 1987
[13] Binimelis,A. Análisis de roles y estereotipos sexuales en lo textos escolares Chilenos. En Educación y género. Una propuesta pedagógica. Ed. La Morada/ Ministerio de Educación.1993
[14] Diversos autores han descrito los roles de género, entre éstos Burin,M. Meler,I. Género y Familia. Paidós1998; Moser,C. y col. En Planificación de género y desarrollo. Lima. Red Entre mujeres/ Flora Tristán, 1995
[15] Estos roles están descritos en el Documento N° 58 Familia y Reparto de Responsabilidades. De las autoras Sharim, D y Silva, U. SERNAM, Mayo 1998

Artículos Seguridad Ciudadana

Gobierno de Chile Plan Comuna Segura, Angol
Ilustre Municipalidad de Angol


LA REFORMA PROCESAL PENAL Y SEGURIDAD CIUDADANA. ¿Cuál es su relación?
Alejandra Mohor Bellalta
Victor Covarrubias Suárez
Centro de estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, 2006.

La reforma al proceso penal se encuentra en vigor en todo Chile desde Junio de 2005, comenzando su aplicación en cinco etapas desde el año 2000. El diseño de este cambio se gestó en el Ministerio de Justicia hace más de 10 años, incorporando en su elaboración a sectores académicos y de la sociedad civil, lo que facilitó su discusión parlamentaria y el soporte político durante su diseño e implementación.
El nuevo sistema procesal penal chileno ha sido catalogado como una de las reformas en la materia más importantes del último siglo en el país. Sus objetivos generales apuntan a hacer más eficiente el poder punitivo del estado, a la vez que, en su ejercicio, se garantiza el respeto por los derechos fundamentales de víctimas e imputados. Para dar cumplimiento a ellos, se realizaron complejos cambios en los cuerpos normativos que regulan el sistema de enjuiciamiento criminal y se introdujeron nuevos actores al sistema: Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Jueces de Garantía. Esto ha implicado un cambio de paradigma que obliga a la transformación de la cultura procesal e investigativa que atraviesa a todas las instituciones y actores involucrados en la persecución y enjuiciamiento criminal.
El nuevo procedimiento penal es de carácter acusatorio y oral, y se basa en los principios de imparcialidad, transparencia, inmediación, protección, eficacia y concentración. En él se separan las funciones de investigar y sentenciar, la primera facultad de los fiscales, y la segunda de los jueces, cuya presencia es requisito de validez de cualquier actuación; las víctimas y testigos son objeto de atención y protección especial; el sistema incorpora diversos mecanismos para poner término al proceso y se cambia la forma de gestionar los recursos con flexibilidad y especialización; las pruebas y alegatos se presentan en un solo acto en forma oral y pública, fallando los jueces de inmediato, al finalizar éstos.
Una de las características que destaca la implementación de esta reforma fue su gradualidad. Es así como ella comenzó en su etapa I a operar el año 2000 en las Regiones de Coquimbo y de la Araucanía; la II Etapa
Regiones de Antofagasta, Atacama y del Maule; la etapa III lo hizo el año 2002 en las regiones de Tarapacá, Aysén y Magallanes; el año 2003 fue el turno de la IV etapa que incluyó las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Bío Bío y Los Lagos; para finalizar el 16 de junio de 2005 en la Región Metropolitana, que constituyó la V etapa.

La infraestructura y dotación de funcionarios encargados de la persecución penal y de la decisión judicial sobre ésta aumentó de forma tal que la ciudadanía debería percibir un considerable aumento en la oferta de servicios judiciales del sector. En términos de recursos humanos el cambio del sistema procesal penal significa aumentar en un 700% la oferta de justicia en todo el país. Si antes existían 79 jueces de letras especializados en lo criminal, con el sistema plenamente vigente se cuentan 809 nuevos jueces de Garantía y de Tribunal Oral, además de los 640 fiscales del Ministerio Público y más de 430 defensores de la Defensoría Penal Pública y licitados. Presupuestariamente, el cambio significó duplicar la participación del sistema de justicia en el presupuesto del sector público.

La RPP inicialmente no se plantea como un objetivo, ni para si misma ni para las instituciones que crea, abordar la seguridad ciudadana como tema sobre el que tenga competencia directa. Esto debido fundamentalmente a que cumple una función punitiva y no preventiva. Pese a ello, y producto del creciente clima de demanda por seguridad y de la variación observada en algunos indicadores específicos (denuncias y detenciones en particular), el sistema penal renovado en su conjunto debió asumir el discurso de la seguridad como propio.
Si bien se espera que el funcionamiento eficiente del sistema punitivo reformado opere como un importante disuasivo de las conductas criminales, no es en este sentido que se le exige a la reforma dar respuesta a la demanda por seguridad. La discusión académica, política y mediática ha tenido como eje los efectos posibles que, tanto el ‘excesivo’ garantismo como la ‘falta de dureza’ de este sistema, pueden tener sobre el aumento de la criminalidad, particularmente en los delitos de menor cuantía, y sobre la percepción de (in)seguridad de los ciudadanos.

Principales hallazgos

Percepción del riesgo
La percepción de inseguridad que manifiestan los ciudadanos es recogida a través de encuestas de victimización.
No se detectó ninguna variación entre grupos de comunas con y sin reforma, respecto de variables como ‘el aumento de la delincuencia en el barrio’; ni sobre la nota a la seguridad en la casa, la calle o el barrio.
Tal como fue precisado en el taller de expertos, existe una tendencia generalizada a situar la inseguridad producida por el delito en entornos distantes (‘el país’ en este caso), construido sobre la base de un conocimiento indirecto, los ciudadanos perciben mayor inseguridad en espacios lejanos que en aquellos en los que se desenvuelven cotidianamente.
En un sentido similar, respecto de la percepción de vulnerabilidad frente al delito, los diversos análisis realizados muestran que la implementación de la reforma aumenta la ‘adopción de medidas de prevención por parte de la ciudadanía. Los análisis realizados descartarían que esta necesidad de autoprotección esté asociada a la percepción de ausencia de Carabineros.
Ambos hallazgos parecen ser consistentes: la implementación de la reforma produciría un aumento en la percepción de que la delincuencia ha aumentado en el último año en el país, más no en el barrio; a la vez que se incrementan las medidas que toma la población para prevenir ser víctima de la delincuencia, esto último sin relación aparente con que se perciba ausencia de carabineros.
La percepción de inseguridad se encuentra influida por diversas variables, siendo una de las más importantes la victimización. Diversas investigaciones, tanto nacionales como internacionales, han develado que quienes han sido víctimas de algún delito, tienden a manifestar mayores niveles de temor que quienes no lo han sido. Esto, sin embargo, no contribuye a explicar la construcción de la percepción de inseguridad de entornos lejanos vinculada a la puesta en marcha de la reforma al proceso penal.
A modo de discusión, parece interesante señalar que diversos estudios se han referido a la influencia que tendrían los medios de comunicación de masas en la configuración del temor. Y no se trataría, según plantean algunos autores, sólo del volumen, sino también del cómo se abordan los contenidos.

Denuncias
Dos son las fuentes más relevantes para informar del volumen de delitos cometidos en territorios y tiempos delimitados: encuestas de victimización y denuncias registradas por las policías. Dado que cada una aporta información relevante pero parcial, deben ser complementarias a la hora de analizarlas.
Dado que se observa que, tras la entrada en vigencia de la reforma, aumentaban las tasas de denuncias para las regiones donde se implementaba, se levantaron una serie de discursos que intentaron explicar esta variación. Uno de ellos atribuía a la reforma generar un aumento en la comisión de delitos, particularmente en delitos menores; otros, asumían que dicha variación respondía al aumento de la confianza ciudadana en las instituciones vinculadas a la persecución criminal; y, por otro lado, a las transformaciones en las dinámicas internas de las instituciones, tales como organización de la investigación policial, sistemas de registro, entre otras.

A este respecto, se descarta que la variación de las denuncias esté asociada a un aumento del delito producto de la RPP, tampoco parece vincularse con mayor confianza en las instituciones. Se trataría, de variaciones que ‘se asocian a las transformaciones y ajustes de las dinámicas institucionales’.

Es necesario consignar que efectivamente las tasas de denuncias registradas por las policías para los DMCS, experimentan variaciones significativas en el período inmediatamente siguiente a la entrada en vigencia de la reforma, y que esta variación positiva está relacionada con la RPP. Esta asociación es particularmente significativa para dos de los delitos comprendidos entre los de mayor connotación social: hurto y lesiones.
Si se tratara del aumento en la comisión de delitos, sería esperable que este se reflejara en la victimización, recogida a través de las encuestas destinadas a estos fines. Las pruebas estadísticas aplicadas descartan que la victimización general se incremente producto de la RPP. Tampoco es posible relacionar esta reforma con variaciones en la victimización por los delitos de hurto y lesiones, que son aquellos donde las denuncias manifiestan mayor incremento.

No habiendo variación de la victimización general ni de aquellos delitos específicos, no es posible atribuir a la reforma un efecto negativo sobre los delitos menores. Es decir, el supuesto excesivo garantismo del nuevo sistema penal no actúa estimulando la comisión de delitos. Ahora bien, tampoco ha sido posible establecer conclusiones en el sentido contrario: la eficiencia del nuevo sistema no parece funcionar como disuasivo de la actividad criminal, puesto que la victimización no disminuye para ninguno de los delitos analizados.

Si bien es cierto que el nuevo sistema procesal penal no incide en que la ciudadanía sea más proclive a denunciar los delitos de los cuales son víctimas, resulta necesario y relevante notar que sí genera una mejora en la percepción ciudadana respecto de algunas de las instituciones vinculadas a él.

Según informantes claves pertenecientes a instituciones policiales tres áreas temáticas han influido en las estadísticas y son el resultado de la RPP: a) cambio en los sistemas de registro, b) inhibición policial y c) ajuste en los procesos de trabajo.
La primera de ellas resulta particularmente interesante debido a que explica simultáneamente el aumento de las denuncias y la disminución de las detenciones. Este cambio en los sistemas de registro fue explicado de esta manera por un entrevistado: “… bajo el antiguo proceso los detenidos pasaban a disposición del tribunal en esa calidad, de detenidos. Actualmente, muchos de éstos son sólo citados, por lo que no aparecen como detenidos”. Efectivamente, este vaciamiento que se produce desde las detenciones hacia las denuncias, estaría explicado, en buena medida, porque al instalarse en nuevo proceso penal, aquellas detenciones realizadas por delitos o faltas en flagrancia ya no son registradas como tales, puesto que el sujeto no queda, en rigor, ‘detenido’; sino que se registra como una denuncia.
Aquellos delitos con mayor número de denuncias por aprehensiones en flagrancia son, precisamente, lesiones y hurtos. De manera que esta hipótesis resulta del todo coherente con los análisis cuantitativos.
Si bien no ha sido posible establecer en que medida el aumento en las denuncias es explicado por este hecho, para los funcionarios policiales resulta evidente que se ha traducido en un problema significativo, como fue señalado “… pero a nosotros estadísticamente nos afecta, porque en vez de ser un detenido es un denuncio””.
No sólo este cambio en los sistemas de registro para delitos flagrantes explica la variación en las detenciones. El discurso de los funcionarios policiales también hace referencia a otro elemento no menos importante. Se trata de la inhibición policial, motivada por un nuevo sistema que norma y regula las conductas y procedimientos durante la investigación policial.
Aquí encontramos dos fuentes de inhibición: por una parte aquella que dice relación con limitaciones normativas específicas; y, por otra, aquellas que se autoimponen los funcionarios. En el caso de las primeras, se trata de diversas restricciones a la investigación que son impuestas en pro de la legitimidad de los procesos. La más mencionada, en este sentido, ha sido el fin de las órdenes amplias para investigar. Con ellas, los policías a cargo de la investigación estaban facultados para realizar detenciones sin una orden expresa, con el nuevo procedimiento penal, las órdenes deben ser autorizadas por el juez de garantía.
El nuevo escenario que introduce la reforma, en lo relativo a la conducción de la investigación y ejecución de los procedimientos, trajo consigo también la autoinhibición de los policías, quienes, al menos durante el proceso de adaptación, cautelan sus acciones a fin de no caer en actos que, con las ‘nuevas reglas del juego’, podrían ser ilegales.
Muy vinculado a lo anterior, surge el ajuste en los procesos de trabajo, como otro elemento que contribuye a explicar la variación en los indicadores de denuncias y detenciones. Este ajuste ocurre tanto al interior de las instituciones policiales, que preexistían a la reforma, como entre éstas y aquellas que son creadas con este fin específico. Se trata de cómo las policías debieron adecuar sus dinámicas internas al nuevo código procesal penal, a la vez que internalizaban la figura del fiscal como un agente externo que sin superior jerárquico, toma las riendas de la investigación e instruye las diligencias y acciones.
Respecto de las primeras, de carácter interno, los entrevistados acusan como las más complejas aquellas relacionadas con la tramitación formal: “Había que transformar la manera de trabajar, algunos procedimientos que había que hacer muchos documentos relacionados con el acta que había que confeccionar…”.
En relación a la aparición del fiscal, son dos los elementos centrales que demandan ajustes importantes dado que estarían afectando la conducción de la investigación criminal. Por una parte las policías perciben inexperiencia en la investigación en los fiscales y por otra, el fiscal es visto como un agente externo, fuera de la jerarquía institucional.

En suma, se trata de un conjunto de factores intervinientes que no se relacionan directamente con los indicadores de seguridad ciudadana, pero que habrían generado una distorsión en ellos. Constatar que se trata de cambios y ajustes en las dinámicas institucionales, y no de transformaciones en el comportamiento de víctimas (que denuncien más) o victimarios (que cometan más delitos), es relevante no sólo debido a que desmitifica en alguna medida el efecto de la reforma sobre la seguridad ciudadana, sino principalmente, porque nos obliga a mirar con más detención los procesos internos a la hora de evaluar una política pública de la envergadura de la reforma al proceso penal.
La multiplicidad de fuentes de información y técnicas de análisis de datos utilizadas en este estudio, nos ha permitido indagar con mayor profundidad en la diversidad de indicadores que ya han sido planteados como centrales en esta discusión. Sin embargo, debe consignarse que es fundamental, para orientar apropiadamente las políticas en la materia, que los resultados aquí presentados sigan siendo discutidos y analizados en estudios que avancen hacia la explicación de los fenómenos.

Artículo sobre violencia escolar

Gobierno de Chile Plan Comuna Segura, Angol
Ilustre Municipalidad de Angol

LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS
PROGRAMA PAZ EDUCA
Catalina Mertz
Fundación Paz Ciudadana
Julio 2006.

I.
a) Magnitud del problema de la violencia en las escuelas

Lamentablemente en nuestro país la información estadística a la fecha es todavía relativamente escasa. Sin embargo, diferentes estudios han recopilado información que si bien es dispar en términos en términos de representatividad y contenido especifico permite caracterizar la violencia escolar en Chile.
Hein y Barrientos (2004)[1] constataron que contrario a lo que se podría suponer el nivel socioeconómico no hace diferencias en los niveles de violencia.
Existe consenso en que en nuestro sistema educacional se están manifestando diversos tipos de violencia; violencia entre pares, violencia entre adultos y alumnos y la violencia de carácter delictivo aunque las cifras no son alarmante pero se debe intervenir al respecto.

b) Por qué prevenir la violencia en las escuelas:

1) Dificulta el aprendizaje (Lawrence, 1998[2]; Sprague y Walter, 2005)[3]
2) Causa daños fiscos y psicológicos en las victimas ( Pelper et al., 2004)[4]
3) Se pueden iniciar trayectorias conductuales problemáticas

El abandono de teorías generales del delito y la adopción del enfoque de salud publica en el análisis de la violencia y la delincuencia y otros comportamientos de riesgo o antisociales ha generado información científico que permite imputarla a la prevención de la violencia en general y la que manifiesta en las escuelas en particular, beneficios sociales adicionales.
Diversos estudios han identificado una serie de características personales y del entorno que predicen una mayor probabilidad de ejercer comportamientos de riesgo o problemáticos contrario a esto existen los factores protectores (Lawrence 1998, Loeber y Farrington 1998[5], Catalano et al., 1999[6], Gottfredson 2001[7]). En el caso especifico de los comportamientos problemáticos juveniles se ha detectado que éstos tienen en común parte o la totalidad de un conjunto determinado de factores de riesgo.

Factores de riesgo en el ámbito escolar e individual[8]
Fracaso académico al final de la enseñanza básica
Falta de compromiso con la escuela
Comportamiento antisocial temprano y persistente
Rebeldía
Amigos que ejercen el comportamiento problemático
Actitudes favorables hacia el comportamiento problemático
Iniciación temprana en el comportamiento problemático
Factores de formación de la personalidad


En resumen, trayectorias de vida negativas están precedidas por la externalización de una serie de comportamientos problemáticos que son expresados en diversos ámbitos y que a su vez están influenciados por un mismo conjunto de factores de riesgo.

Factores protectores:
Provisión de oportunidades de interacción y realizar acciones pro-sociales
reforzamiento positivo de las acciones pro-sociales
creencias sanas y estándares de comportamiento claro
formación de vínculos afectivos o emocionales en todo ambito social


c) Los establecimientos educacionales como plataformas para la prevención

Existe consenso en que los establecimientos educacionales pueden fomentar comportamientos problemáticos como ir en contra de estos. Algunos factores que influyen negativamente en los alumnos son: instrucción ineficaz, practicas administrativas inconsciente y punitivas, la falta de oportunidades de aprender y practicar habilidades interpersonales pro-sociales y de autocontrol, reglas imprecisas con respecto a la conducta esperada, incapacidad de individualizar la instrucción para adaptarse a las diferencias personales entre otras (Sprague et al., 2001[9])

“ las escuelas que explotan su potencial de constituir una plataforma sobre la cual se puede exponer a los niños y jóvenes a factores protectores y permitir el acceso a servicios de apoyo…”[10]

Los jóvenes y niños que no aprenden a controlar sus impulsos y agresividad en su época escolar tienen una probabilidad de desarrollar comportamientos problemáticos en la adultez.

“ El trabajo preventivo en los establecimientos educacionales representa una de las prioridades de abordar, no solo por las situaciones de violencia o delitos que pueden existir en su interior, sino especialmente por el potencial socializador que estos tienen sobre la población en general. “ [11]



II. Como prevenir la violencia en las escuelas

Si bien no existe una receta especifica para prevenir comportamientos problemáticos y violencia en las escuelas, existe ciertos tips que pueden orientar -a partir de la evidencias empíricas aportadas por programas que ya han sido implementados- estrategias locales de prevención como son: organización y administración escolar efectiva, creación de ambientes que promuevan el comportamiento pro-social, la provisión de instrucción , capacitación y entrenamiento especifico en el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para el autocontrol(en especial en población de alto riesgo) y mediante la implementación de programas o practicas de una forma rigurosa y de alta calidad.
Para tener impacto, la instrucción realizada como parte de programas curriculares de prevención deben realizarse mediante métodos cognitivos-conductuales (ensayos, juego de roles y discusión), y deben instalarse programas mas intensivos para alumnos con niveles de riesgo mas alto, creando un sistema de apoyo al comportamiento pro-social continuo en todo el establecimiento al respecto:
Prevención primaria (todos los alumnos, 80% sin problemas)
Prevención secundaria (grupo de alumnos con comportamientos de riesgo, 15%)
Prevención terciaria (sistemas especializados e individualizados de alto riesgo, 5%)

Cabe señalar, que si ya existen programas orientados a la prevención al interior de los colegios éstos mismos podrían ser evaluados y mejorados.

III. La prevención de la violencia en las escuelas en Chile

La idea de prevenir en las escuelas debe priorizar estrategias integrales de intervención.

Pilares del Programa Paz educa:
Base en evidencia empírica

Integralidad
2,1 El diseño, uso y supervisión de los espacios escolares
2,2 Las prácticas administrativas y de gestión de la escuela
2.3 La naturaleza del barrio y la comunidad en la que esta inserta el establecimiento
2,4 Las características de los estudiantes del establecimiento

Replicabilidad y fidelidad de la implementación: originados externamente pero con el apoyo y compromiso administrativo y docente

[1] Hein, A. y Barrientos, G. (2004). Violencia y delincuencia juvenil: comportamientos autorreportados y factores asociados, Fundación Paz Ciudadana. http://www.pazciudadana.cl/documentos/autorreporte.pdf
[2] Lawrence, R., (1998). School Crime and Juvenile Justice, Oxford University Press
[3] Sprague, J., Walker, H., (2005). Safe and Healthy Schools Practical Prevention Strategies, The Guilford Practical Intervention in the Schools Series, The Guilford Press
[4] Pelper, D., Smith, P., y Rigby, K., (2004) Looking back and looking forward: implicatiosn for making interventions work effectively. Capítulo 16 en Pelper, D., Smith, P., y Rigby, K., (Eds.) Bullying in Schools How Successful Can Interventions Be?, Cambridge University Press.
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[8] Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan, J. A. M., Lonczak, H. S., & Hawkins, J. D. (1999). Positive youth development in the United States. Research findings on evaluations of the Positive Youth Development Programs. Report to the U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation and National Institute for Child Health and Human Development. ( access at http://aspe.hhs.gov/hsp/PositiveYouthDev99/index.htm)
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[10] Gottfredson, D, (2001). Schools and Delincuency, Cambridge University Press.
[11]Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana (2004), Resumen Ejecutivo y Recomendaciones, Ministerio del Interior.